En el Observatorio estamos contentas y contentos por la reparación moral y la victoria de la familia de Samba Martine en su búsqueda de una justicia que en tantas ocasiones le ha sido negada. La congoleña Samba Martine, cuyo nombre lleva nuestro Observatorio, “murió en 2011 con VIH después de pasar 39 días de encierro en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid. Había acudido hasta en diez ocasiones a la consulta médica en dicho Centro, sin que fuera sometida a ninguna prueba clínica ni trasladada al hospital hasta el día de su fallecimiento. Aunque los análisis médicos realizados durante su estancia en un centro público de Melilla habían detectado su infección, una información clave para el diagnóstico de la enfermedad que acabó con su vida, el documento nunca llegó a las dependencias policiales en las que la mujer pasó sus últimos días aquejada de fuertes dolores. Nueve años después, el Gobierno ha reconocido la responsabilidad de la Administración y de los servicios sanitarios del CIE en la muerte de Martine, por lo que indemnizará a su familia.
La resolución administrativa anunciada el lunes 16 de noviembre, reconoce que “de haberse realizado un simple análisis, se hubiera sabido que era potadora de VIH y se le hubiera puesto el tratamiento adecuado”. El Ministerio de Presidencia también recalca la importancia de la falta de intérprete durante la mayor parte de las consultas médicas a las que acudió Martine: “Era desconocedora del idioma español y, durante su estancia en el CIE, solo estuvo asistida por intérprete en una sola ocasión de las diez veces que demandó la asistencia médica”.
Las entidades sociales que han prestado apoyo a la familia de Samba Martine ha valorado “que el Estado haya reconocido su responsabilidad por cuanto tiene de reparación a la familia de Samba y también a su recuerdo”. El caso de la mujer congoleña se ha convertido en un símbolo de las deficiente asistencia sanitaria proporcionada a los internos de estos centros, donde los extranjeros en situación irregular son encerrados por su situación administrativa con el objetivo de proceder a su expulsión. Las organizaciones esperan que la resolución “sirva para evitar casos como el de Samba en el futuro”. No obstante, recuerdan y recordamos que, nueve años después de su muerte, sigue sin existir un protocolo que garantice la correcta derivación de la información médica entre los CIE y los CETI, la interpretación en el servicio médico o en los hospitales es deficiente y persiste en muchos casos la opacidad en lo relativo a tratamientos y atención sanitaria de las personas internas”.
Gabriela Sánchez, El Diario.
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