• Los jueces de control del CIE de Madrid han adoptado un nuevo acuerdo por el que requieren la adopción de siete medidas para la mejora de la atención sanitaria en los centros de internamiento de extranjeros.
  • El acuerdo dictado solicita a la Dirección General de la Policía, quien ostenta la competencia de coordinación y gestión de los CIE, la modificación del pliego de prescripciones técnicas para la contratación de reconocimientos y asistencia sanitaria en CIE. El alcance de esta modificación afectaría a todos los centros del territorio español.
  • Las entidades de la sociedad civil celebramos el pequeño avance hacia la mejora de los servicios en la atención sanitaria en los CIE, pero reclamamos la implicación de las administraciones públicas en la depuración de responsabilidades ante las constantes deficiencias, convencidas de la necesidad de acabar con la externalización de los servicios sanitarios a empresas privadas.

Los Juzgados de Control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid reconocen en el texto del acuerdo las carencias y problemas de la asistencia sanitaria que se presta en los CIE, requiriendo a la Dirección General de Policía la adopción de determinadas medidas para su mejora. El acuerdo admite que, tal y como se vienen prestando hasta el momento los servicios, se vulnera la normativa vigente, tanto la relativa a cuestiones sanitarias como la que regula el funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros (Real Decreto 162/2014).

Tras la reunión celebrada hace casi un año en sede judicial, los juzgados de instrucción con funciones de vigilancia y control del CIE de Madrid solicitaron al responsable del Servicio Médico (perteneciente a la administración) un informe donde se expusiera la situación de los servicios prestados por Clínicas Madrid S.A, la empresa adjudicataria desde 2012. Esta solicitud vino motivada por las propuestas sanitarias presentadas por las entidades sociales que denunciaban constantes deficiencias de los servicios ante el elevado número de quejas de las personas internas. El pasado 16 de noviembre se recibió la notificación con el acuerdo firmado por los tres jueces donde reconocen las graves deficiencias de la asistencia sanitaria.

Ante el silencio de la Fiscalía, Clínicas Madrid S.A. niega irregularidades en la atención sanitaria. Por su parte, la dirección del CIE de Madrid y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras se muestran conformes con la necesidad de realizar cambios en el actual pliego de prescripciones técnicas para la contratación de reconocimientos médicos y asistencia sanitaria en los centros de internamiento de extranjeros para la subsanación y mejora de los servicios. Sin embargo, deben asumir las responsabilidades por la desatención de los autos judiciales y recomendaciones del Defensor del Pueblo, perpetuando un incumplimiento de la normativa vigente e importantes deficiencias del servicio. El acuerdo gubernativo dictado en mayo por los mismos jueces ya enfrentaba la vulneración de varios derechos, como el de la intimidad de los pacientes por la continua presencia policial en las consultas, la falta de realización de examen médico previo a la repatriación y la entrega de los informes sanitarios a los pacientes, así como los obstáculos en la correcta emisión y envío de los partes de lesiones.

Entre las medidas acordadas, se recoge la ampliación del turno de enfermería para garantizar la asistencia sanitaria básica las 24h, al igual que la celebración de los acuerdos necesarios para prestar asistencia médica especializada y cubrir con las necesidades eventuales de hospitalización. Con esta medida se resuelve la falta de continuidad asistencial durante la noche y se posibilita la derivación a urgencias bajo el criterio de personal sanitario cualificado y no policial. La atención psicológica se presenta por primera vez como una necesidad a implantar en los centros, debiendo contar con personal experto que atienda los aspectos relativos a la salud mental y que valore y derive, en su caso, al especialista de psiquiatría.

También se pronuncia sobre el almacenamiento y dispensa de medicamentos, reconociendo que el manejo de estupefacientes y psicótropos se hace de forma negligente y siendo claramente insuficientes hasta la fecha, desatendiendo las necesidades de quienes están en tratamiento farmacológico, provocando repercusiones nefastas para su salud. El acuerdo insta a cambiar el sistema de abastecimiento de medicación y que se cumpla la normativa de dispensación de recetas.

Las entidades de la sociedad civil celebramos el acuerdo, pero entendemos que la modificación del pliego de contratación sanitaria es insuficiente para solventar las graves deficiencias y negligencias reconocidas. Consideramos que la celebración de convenios o contratos que cubran las necesidades de hospitalización, de asistencia especializada, de traslado a centros sanitarios, de creación y custodia de historia clínica y todo lo relativo a farmacia debe hacerse a través de la coordinación de servicios públicos de salud en los que se encuentren adscritos territorialmente los CIE, evitando que se aumente la partida presupuestaria en favor de empresas privadas. Es la única medida que salvaguarda la calidad asistencial en un espacio de arquitectura penitenciaria bajo exclusiva custodia policial. Miles de personas han pasado por los distintos centros de internamiento de extranjeros a lo largo de los años, muchas de ellas han sido expuestas a contagios innecesarios o sufrido graves enfermedades sin la asistencia necesaria. Incluso hay quienes han perdido la vida dentro de un CIE. Es urgente que se tomen medidas que garanticen la protección de la seguridad, integridad y salud de las personas internadas en los CIE. Las entidades sociales dedicadas a la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad en estos centros, seguiremos insistiendo en el cierre de todos los CIE, trabajando por el cumplimiento de la legislación vigente y exigiendo las responsabilidades correspondientes ante las ilegalidades que allí se cometen.

Fuente: pueblosunidos.org