La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha destacado hoy, en la presentación de su Informe Anual sobre las personas refugiadas en España y Europa, que el Gobierno español está ante una oportunidad histórica de abanderar una Unión Europea centrada en las personas, con la aprobación de una nueva Ley de Asilo que refuerce y mejore la garantía de los derechos humanos. La organización sostiene que ahora más que nunca son necesarias políticas que sirvan de dique de contención ante las oleadas antimigratorias y la amenaza que supone el Pacto Europeo de Migración y Asilo si no se implementa de forma garantista con los derechos, en un mundo en el que cada vez más personas tienen que huir de sus países.

De hecho, CEAR señala en su XXIII Informe Anual que la intensificación de los conflictos, la violencia, la inestabilidad política y las violaciones de derechos humanos dieron lugar, un año más, a cifras récord de desplazamiento forzoso a nivel mundial: más de 123 millones de personas desplazadas de sus hogares a finales de 2024, la gran mayoría dentro de su propio país, y quienes huyeron a otros países fueron recibidos sobre todo por naciones vecinas de renta media y baja, según ACNUR.

Siria, Venezuela, Afganistán, Ucrania, Sudán, región Sahel y Palestina protagonizan las principales crisis de desplazamiento. Especial mención merece el genocidio en Palestina, con más de 55 000 muertes, 1,9 millones de personas desplazadas y una respuesta internacional aún insuficiente.

En este contexto, el Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en mayo de 2024, consagra un enfoque de contención, control y externalización de fronteras. El nuevo ciclo político, tras las elecciones europeas, consolida este enfoque con la creación de dos nuevas carteras en la Comisión Europea que buscan reforzar la construcción de la Europa Fortaleza.

Para adaptarse a esta normativa europea, España tiene que aprobar una nueva Ley de Asilo, que debe poner el foco en el mantenimiento de las garantías ya existentes como la asistencia jurídica gratuita a lo largo de todo el procedimiento y la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de España en el exterior, entre otros. Además, debe asegurar que los nuevos procedimientos como el de triaje cuentan con todas las garantías y se respeta el principio de no devolución, con la participación de organizaciones especializadas.

Derecho de asilo en España

CEAR considera que España aún tiene mucho margen de mejora como demuestran los datos de asilo, que la sitúan nuevamente a la cola de la UE en cuanto a reconocimiento, pese a un ligero incremento con respecto al año anterior. Solo un 18,5 % de las solicitudes fueron resueltas favorablemente, casi 30 puntos menos que la media europea del 46,6 %.

En cuanto al número total de solicitudes, apunta el ligero incremento de apenas un 2,5 %, hasta alcanzar las 167 366 personas solicitantes de asilo. Las tres primeras nacionalidades fueron Venezuela, Colombia y sobre todo Mali, que subió considerablemente debido al recrudecimiento del conflicto, las violaciones de derechos humanos y el deterioro de la situación humanitaria. A pesar del incremento en el número de solicitudes, se ha producido un descenso del 18 % en cuanto a los expedientes resueltos.

Respecto a comunidades autónomas, en la valenciana ha habido un muy ligero descenso (menos de un 1%) con respecto año anterior, de 8.041 presentadas en 2023 a 7.973 solicitudes en 2024.

Por provincias, Valencia con 4.475 es donde se presentan la mayor parte de las solicitudes (se registra un ligero descenso del 2.8% frente a las 4.606 solicitudes del año pasado). Disminuyen las solicitudes en la provincia de Castellón, con 988 (un 42.8% frente a las 1.729 de 2023) pero aumentan en la provincia de Alicante con un total de 2.510 solicitudes (se incrementan casi un 68% frente a las 1.706 solicitudes de 2023).

En este contexto se produjo un incremento de llegadas por vía marítima, principalmente a Canarias, pero también a Baleares, donde se identificó una nueva ruta migratoria que parte desde Somalia. Aunque el volumen no representa un reto inasumible, la falta de planificación ha obligado a mantener una respuesta de emergencia prolongada. En el caso de Canarias una de cada siete personas fueron niñas, niños o adolescentes, la mayoría sin referentes familiares. Su protección supuso uno de los principales retos en materia migratoria en 2024 ante un sistema desbordado y la falta de acuerdo político e interterritorial para su acogida. El auto del Tribunal Supremo y la modificación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería presentan una oportunidad para dar una respuesta adecuada a cada niño y niña, poniendo su interés superior en el centro.

CEAR también resalta que el recién aprobado Reglamento de Extranjería presenta luces y sombras, ya que por un lado flexibiliza el arraigo para algunas personas en situación irregular, pero excluye del cómputo a quienes hayan visto sus solicitudes de asilo rechazadas, empujándoles a permanecer dos años en situación irregular. La aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de personas migrantes es una herramienta válida para dar respuesta a las situaciones de irregularidad que quedan fuera del nuevo Reglamento. En este sentido, desde la organización celebramos la decisión del pasado 11 de febrero del Consejo de ministros y ministras de regularizar a personas migrantes afectadas por la DANA en Valencia para garantizar derechos a las personas en esta situación de extrema vulnerabilidad; aunque lamentablemente muchas no pudieron acceder a esta medida por no estar empadronadas o no disponer de un certificado de residencia efectiva, entre otros.

Fuente: valenciaplaza.com