La ministra británica del Interior, Suella Braverman, argumenta que su sistema de asilo está desbordado por culpa de la inmigración irregular. Que gastan siete millones de libras al día en hoteles para alojar a solicitantes de asilo. La idea es desincentivar a los traficantes y a los propios migrantes dejando claro que quien cruce irregularmente no podrá solicitar asilo y será devuelto a su país o a otro considerado seguro, como Ruanda. La medida ha desatado una gran preocupación en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
“Si esto se puede decir y debatir en una democracia es que estamos matando el concepto de democracia tal y como la entendemos”, sostiene Pinyol, que recuerda que llevamos años viendo cómo se ataca el derecho de asilo “no solo ya en las fronteras, sino dentro del continente”.
Dinamarca, la socialdemocracia contra los migrantes
Dinamarca, gobernada por los socialdemócratas, aprobó hace casi dos años otra ley similar para reubicar a los solicitantes de asilo en otros países fuera de la UE y firmó acuerdos en ese sentido con Ruanda. Los solicitantes deben esperar fuera de Dinamarca hasta que sus casos se resuelvan, y ni siquiera es seguro que, en caso de aprobación, el país de acogida sea Dinamarca.
El portavoz del gobierno danés, Rasmus Stoklund, lo resumía así: “Si solicitas asilo en Dinamarca, sabes que te enviarán a un país fuera de Europa y, por tanto, esperamos que la gente deje de buscar asilo en Dinamarca“. No era la primera medida restrictiva contra los migrantes que aplicaba el país desde la crisis de los refugiados de 2015, siempre justificados en el coste para el Estado del bienestar nacional. De hecho, ha sido el primer país europeo en anular estatutos de refugiados a ciudadanos sirios y devolverlos a su país porque considera que hay regiones donde ya ha remitido el conflicto.
“Esto no pasa de repente. Dinamarca es el resultado de lo que hemos hecho en los últimos 20 años, de los grandes silencios de la socialdemocracia”, opina Pinyol. “Las medidas que se toman para salvar las democracias liberales son antiliberales y antidemocráticas. Amenazan el Estado de derecho. Y lo naturalizamos porque afectan a personas que no tienen la misma nacionalidad que nosotros y las consideramos menos. Pero esta espiral no tiene fin y puede acabar afectando a los nacionales de un país”, alerta.
El paradigma italiano
Quizás Italia sea el mejor ejemplo de este giro. Allí llevan casi tres semanas recogiendo cadáveres en las playas de Crotone. El último llegó el pasado viernes, una niña de unos cinco años cuyo cuerpo seguía flotando frente a las costas de Steccato di Cutro (Calabria) desde que murió en el naufragio del pasado 26 de febrero.
Son ya 30 ataúdes blancos llenos con niños de piel oscura. 74 fallecidos en total; afganos, iraníes, pakistaníes e iraquíes que han conmocionado a la región y han agitado la política italiana por una razón que lleva demasiado tiempo repitiéndose: es más importante bloquear que rescatar a los migrantes.
Sin embargo, el Gobierno de los ultraderechistas Fratelli de Italia y La Lega, lejos de reconocer cualquier fallo, han decidido culpar a los propios migrantes de poner en riesgo las vidas de sus hijos.
En octubre de 2013, un pesquero que zarpó desde Libia con más de 500 personas se partió en dos cerca de la isla italiana de Lampedusa. Solo se salvaron 155 migrantes. Se sabe que murieron más de 360, aunque solo se ha podido confirmar el fallecimiento de 359. Con un polideportivo lleno de ataúdes, el entonces primer ministro italiano, Enrico Letta (Partido Democrático), puso en marcha la mayor operación pública de búsqueda y rescate de migrantes. La llamó Mare Nostrum y costaba 300.000 euros al día. Solo duró un año.
Las tragedias siguieron ocurriendo, las guerras de Libia y Siria unidas a la inestabilidad y crisis en varios países de África siguieron amentando el flujo migratorio por esta ruta y la tasa de mortalidad en el Mediterráneo central se disparó. De 3.126 muertes y desapariciones en 2014, a 3.149 y a 4.574 en 2016, según datos muy conservadores de la Organización Internacional para las Migraciones. Son más de 20.500 los migrantes que han perdido la vida en el Mediterráneo central desde 2014, año en que esta organización de la ONU comenzó a recopilar datos.
La Comisión Europea, que sufragaba en parte este presupuesto, fue rebajando su contribución. De Mare Nostrum, en manos de la marina italiana, se pasó a Tritón, capitaneado por Frontex, la agencia europea de control de fronteras. El operativo tenía muchos menos fondos y recursos, pero siguió transformándose en operaciones puramente de seguridad y lucha contra las redes del tráfico de personas. Pasaron a ser los barcos humanitarios de las ONG los únicos que patrullaban el Mediterráneo Central. Los mismos contra los que Matteo Salvini, actual vicepresidente, emprendió una campaña de criminalización en 2018. La lógica era tan perversa como demagógica: los traficantes envían barcas con migrantes porque hay alguien que los rescata. Ergo las ONG son parte del negocio del tráfico de personas.
En el último naufragio en Crotone, los primeros equipos activados fueron los de la Guardia di Finanza (cuerpo policial) y no la Guardia Costera, a pesar de que Frontex había alertado a las autoridades italianas de que había una barca sobrecargada cuando aún estaban a 40 millas náuticas.
“Va más allá del color político del Gobierno. Este tipo de políticas se han aplicado por la derecha y la centro izquierda. El giro más duro en las políticas migratorias italianas fue entre 2016 y 2017, cuando se firmaron acuerdos con Libia para que sus guardacostas frenaran las embarcaciones en el Mediterráneo”, incide Francesco Pasetti, investigador principal del área de Migraciones de CIDOB. Pasetti recuerda que la inmensa mayoría de migrantes en situación irregular no llegan a Europa de forma irregular, y que quien lo hace de este modo es porque no hay vías legales y seguras para hacerlo de otra forma. “Se trata la irregularidad como algo inherente a los migrantes, pero no es cierto. Depende de las leyes del país receptor. Si se facilitan visados o si se permite pedir asilo en embajadas habría muchos menos migrantes irregulares”, apostilla Pasetti.
Los guardacostas libios, formados y equipados con fondos europeos desde 2017, han interceptado en alta mar y devuelto al país a más de 67.000 personas en solo los tres últimos años, según la OIM. Las torturas, extorsiones y venta de migrantes como esclavos en este estado fallido está ampliamente documentada. Y la externalización de las fronteras europeas sigue siendo una política común central para Bruselas.
Según el experto, la tragedia de Crotone sintetiza muy bien la teoría de los vasos comunicantes en las rutas migratorias. La embarcación zarpó desde las costas turcas. Hace cinco años, su destino natural hubiera sido alguna isla griega, pero la situación para los refugiados que llegan a Grecia se ha deteriorado tanto que prefieren usar rutas más peligrosas para evitarlo.
“El resultado del endurecimiento de las políticas en Grecia no es que vengan menos personas, sino que tengan más posibilidades de morir. Intentar bloquear una ruta solo hace que el flujo cambie hacia otra, porque los motivos que empujan a la gente siguen existiendo en los países de origen”, sostiene.
Grecia, el maltrato como norma
Grecia fue el epicentro de las llegadas de refugiados en 2015. Fueron más de medio millón de personas, sobre todo sirios, afganos e iraquíes. La estrategia para frenar las llegadas pasó por pagar a Turquía 6.000 millones para que hiciera de “escudo”. Bloquear el paso en barca hacia las islas griegas y a pie hacia Bulgaria y la Grecia continental. El acuerdo funcionó hasta que en 2020 se acabaron los fondos y Erdogán llenó la frontera de refugiados enviados en autobuses. Algo parecido a lo que hizo Marruecos en la frontera de Ceuta en 2021. La policía griega reprimió duramente a los refugiados. Hubo al menos un muerto por fuego real.
Después llegó el incendio del mayor campo de refugiados en suelo europeo, el de Moria, en la isla de Lesbos. Y la detención de migrantes y refugiados que son lanzados en barcas hinchables de nuevo al mar. El ministro griego de Migración, Notis Mitarakis, aseguró que se trataba de propaganda turca, pero varios medios internacionales como The Guardian o Der Spiegel probaron que era una política asentada que contaba además con la complicidad y el amparo de Frontex a pesar de su clamorosa ilegalidad.
Esto se une a decenas de personas encarceladas durante años como presuntos traficantes tan solo por llevar el timón de la lancha en la que viajaba, y a los procesos judiciales contra varias ONG de rescate a poyo a los migrantes. También se ha conocido esta semana que agentes griegos robaron a migrantes detenidos más de dos millones de euros en los últimos seis años y que llevaban a cabo detenciones y deportaciones colectivas.
El impacto a nivel europeo ha sido más que escaso, salvo la dimisión del director de Frontex. Aunque el historial de la agencia europea en su permisividad ante agresiones, detenciones ilegales y tratos degradantes a los refugiados a lo largo de la ruta de los Balcanes ya llevaba tiempo siendo criticada.
“Frontex es parte de esa deriva de normalizar la violencia y las devoluciones ilegales. No son una anécdota ni un descuido ni acciones individuales de agentes de Policía, sino una práctica general”, sentencia Garcés.
Los expertos apuntan que la falta de condenas, “esa sensación de impunidad ante lo que ocurre en las fronteras” es una de las razones por las que Europa “ha perdido la vergüenza”. “Debería preocuparnos esta reducción de derechos porque la tendencia viene de lejos y no va a parar. Son políticas que van totalmente en contra de los valores de la UE y de su actual Estado de derecho”, advierte Pasetti. “Llegan con un discurso agresivo, discriminatorio, que diferencia entre nosotros y ellos. Y situaciones futuras de crisis, todo esto se lleva al extremo”, alerta.
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