Por estar en línea con la información que nos a través de Esther Santana, miembro del Observatorio en Gran Canaria que coloabora con la Delegación Diocesana de migraciones, nos hacemos eco de la entrevista a Daniel Arancibia, abogado que asiste voluntariamente a los migrantes encerrados en Centro de Atención Temporal a Extrenjeros de Barranco Seco (Gran Canaria), publicada el 19 de enero en La Provincia. El Diario de Las Palmas.

Según relata el abogado, tanto en el puerto de Arguineguí como ahora en Barranco Seco se han denunciado situaciones de vulneración de derechos humanos ante el Defensor del Pueblo, quien ya en el caso de Arguineguí dio la razón a los denunciantes. La mayor parte de las personas internadas en Barranco Seco en teoría están a la espera de su “deportación” pero se les tiene pasando frí, con goteras, sin duchas, sin comida caliente y sin libertad de movimiento. Sólo el 8,8% de esas personas han sido trasladadas a los sistemas de acogida de la Península y en el aeropuerto de Gran Canaria se produce un tapón para impedir su salida al resto de España o de Europa para reunirse con sus familias.  Según relatan los jóvenes, se producen detenciones amparadas en el artículo 16 de la Ley de Seguridad Ciudadana (la cuestionada Ley Mordaza), que permite detener a una persona sobre la que haya indicios de infracción o delito durante un plazo de seis horas. Así se ha hecho deteniendo por ejemplo un grupo de 20 marroquíes a la vez. Transcurridas estas seis horas les dejan marchar, pero su vuelo ya ha despegado. ¿Es esto legal? ¿Es esto moralmente legítimo?Nolo es, porque ni existen indicios ni les faciliten el preceptivo volante justificativo de la detención que exige la ley para que ellos puedan reclamar que se les devuelva el importe del billete adquirido. Esto es un fraude que se produce al interpretar y aplicar de manera retorcida una ley.

El entrevistado sospecha que a nivel político se ha tomado la decision de darle a Canarias la misma condición que a Lampedusa, generando un gueto insular sin medir las consecuencias que esto pudiera tiener a nivel social y económico.

En el sur de España se reproduce lo que sucede en Europa, la insolidaridad del Norte respecto al Sur, abandonando al Archipiélago, desoyendo las respeustas de solidaridad de otras regiones que se ofrecen para un reparto proporcionado. Pero el Estado bloquea estas derivaciones y traslados, bloquea también la activación de los servicios de acogida disponibles en la Península.