El Defensor del Pueblo quiere que se acabe con el aislamiento como forma de castigo en los centros de menores y recomienda acabar con esta práctica después de que haya recogido con preocupación testimonios de jóvenes internos que aseguraban haber estado aislados varios días.

Testimonios de los que se ha hecho eco en el informe anual que realiza en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP) relativo al año 2020 y que este jueves ha presentado el los registros del Congreso y del Senado.

En 2020 el MNP emitió 686 resoluciones tras realizar 115 actuaciones en centros de privación de libertad y visitó 66 establecimientos de este tipo, entre ellos siete para menores infractores.

Tras estas visitas a centros de menores, el Defensor comparte el criterio del Consejo de Europa, que ha recomendado acabar con el uso del régimen de aislamiento como castigo disciplinario para los menores, ya que entiende que no deberían ser lugares de castigo, sino de rehabilitación para conseguir la reinserción social de los jóvenes.

Sobre la utilización de la sujeción mecánica como medio de contención, el Defensor recuerda que lleva años alertando sobre su peligro, ya que en los últimos 10 años han provocado la muerte de tres jóvenes en centros de Madrid, Melilla y Almería.

Mejor que este método, el Defensor aboga por el uso preferente de técnicas de diálogo y desescalada y ha recibido con satisfacción el cambio normativo articulado a través de la Ley de Protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que establece la prohibición del uso de contenciones mecánicas en estos centros.

Sobre las cáceles, la institución ha constatado que el empleo de los medios coercitivos es «profuso» y asegura que «el aislamiento provisional, la fuerza física y las sujeciones mecánicas son frecuentes» en la mayoría de los centros penitenciarios.

Reconoce numerosos avances, pero insiste en la necesidad de ciertas mejoras, como que se prohíba llevar a cabo sujeciones en determinadas circunstancias o que haya presencia médica las 24 horas del día para la supervisión de ellas cuando se apliquen, además de formar a los funcionarios para la práctica de inmovilizaciones mecánicas.

Consciente de que la covid-19 ha incrementado todavía más el problema que supone la «insuficiente» dotación de personal sanitario en las cárceles, el Defensor ve necesario proceder a la transferencia de la sanidad penitenciaria a las autonomías, así como reforzar la atención psicológica y psiquiátrica para las presos. «Y más en estos momentos de pandemia mundial», apostilla.

Denuncia, por otra parte, «la tendencia detectada de recurrir en exceso al procedimiento disciplinario penitenciario» para los internos.

En sus visitas, el Defensor ha comprobado que las mujeres tienen «más dificultades» que los hombres para cumplir condena en dependencias próximas a sus entornos de arraigo y disponen de «menores oportunidades» para cumplir las fases finales de sus condenas en régimen de semilibertad al carecer de centros adecuados cercanos a sus domicilios.

Por ello, ha formulado numerosas sugerencias para favorecer el uso de videollamadas que las permitan mantener comunicaciones frecuentes con sus allegados.

Un año más, el Defensor ha pedido mejoras para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, para asegurar un uso inclusivo del lenguaje en los formularios penitenciarios, para perfeccionar los datos estadísticos de mujeres privadas de libertad o para incrementar la formación del personal penitenciario en cuestiones de género.

Respecto a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), el informe recuerda que tras decretarse el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria el defensor, Francisco Fernández Marugán, pidió la puesta en libertad de las personas que permanecían internas en ellos, ya que no podían ser repatriados debido al cierre de fronteras.

En 2020, un total de 1.244 personas fueron internadas y repatriadas desde los CIE, en los que se presentaron 776 solicitudes de protección internacional, de las que se admitieron un 163. Asimismo, se identificó como menores a 44 internos.

Según el Defensor, en 2020 disminuyeron de forma significativa los operativos de expulsión de extranjeros debido a la pandemia, pero de los realizados se ha continuado observando que persiste la práctica de no informar con suficiente antelación a la persona extranjera de su expulsión