Canarias es uno de los principales puntos de llegada de migrantes a Europa, siendo la puerta de entrada para una de cada diez personas que accede al territorio de forma irregular. Esta condición de frontera sur de la Unión Europea ha hecho del Archipiélago un espacio clave en el despliegue del nuevo modelo europeo de control migratorio: la llamada frontera «inteligente».

Así lo advierte el informe Fronteras «inteligentes», democracias negligentes, elaborado por la Fundación PorCausa y el Centro Delàs de Estudios para la Paz. El documento describe cómo España –y, en particular, Canarias– actúa como escenario prioritario para la aplicación de tecnologías de vigilancia, identificación biométrica e inteligencia artificial en la gestión de la migración, en un contexto marcado por la falta de transparencia y de control democrático.
Según destaca la investigación, la Policía Nacional y la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) están utilizando programas informáticos para acceder sin autorización judicial al contenido íntegro de los teléfonos móviles de las personas migrantes, incluidas herramientas de extracción de datos como el software israelí Cellebrite.

Esta práctica, documentada en el contexto de la gestión de las llegadas irregulares, supone no solo «la violación de la intimidad de personas vulnerables que no han cometido ningún delito», sino que la información obtenida se emplea posteriormente para criminalizar a estas mismas personas en procedimientos plagados de irregularidades.

El Archipiélago es un campo de pruebas para la aplicación del modelo de frontera «inteligente» de la UE

PorCausa alerta también del uso creciente de sistemas de reconocimiento facial por parte de las fuerzas de seguridad. En España, el programa ABIS, desarrollado por la empresa Thales, gestiona ya más de cuatro millones de registros faciales y ha sido utilizado en cientos de investigaciones.

Se trata de una tecnología extremadamente sensible que, sin embargo, «carece de auditoría pública», y cuyo entrenamiento con bases de datos policiales «plantea un riesgo evidente de sesgo racial y discriminación». En Canarias, donde la población migrante registrada en este sistema es mayoritariamente africana, se refuerza la posibilidad de una racialización algorítmica del control, es decir, que el riesgo se asocie automáticamente al origen o al color de piel.