En un mundo, cada vez más inestable, urge garantizar protección al creciente número de personas refugiadas y desplazadas. Los repuntes de conflictos, las nuevas y viejas guerras, las constantes violaciones de los derechos humanos y el impacto del cambio climático y la degradación medioambiental obligan a buscar refugio en países donde la discriminación y el racismo no siempre les permiten cumplir su mayor deseo: vivir en paz. 

 

Desde que en mayo de 2022 se anunciara que por primera vez en la historia se había llegado a los 100 millones de personas refugiadas y desplazadas, esta cifra no ha parado de crecer. Ya son al menos 108 millones las personas que han tenido que huir porque sus hogares no eran seguros. Para más de 35 millones, este periplo les ha llevado más allá de las fronteras de sus países, forzadas en muchos casos a embarcarse en largos y peligrosos trayectos. 

La ausencia de vías legales y seguras para poder acceder al derecho de asilo transforma la necesidad de refugio en una amenaza para la vida de estas personas, que no tienen otro deseo que vivir en paz y dignidad. La falta de compromiso de los Estados para ofrecer protección en embajadas y consulados, para establecer corredores humanitarios o eliminar visados de tránsito obligatorios para personas procedentes de países en conflicto como Siria o Palestina se puede convertir en una sentencia de muerte. 

Solo en lo que llevamos de año, casi 3.000 personas han muerto tratando de llegar a Europa a través del Mediterráneo o el Atlántico, superando ya el número de muertes de todo 2022. Más de 2.000 perecieron en el Mediterráneo central, la ruta marítima migratoria más letal del mundo en la que durante los últimos meses se han sucedido terribles naufragios ante la pasividad internacional. En muchos casos, las personas fallecidas procedían de Siria y Afganistán, de donde la ciudadanía no puede escapar con garantías a pesar de los años de guerra y violaciones de derechos humanos.  

Siria, Ucrania y Afganistán 

Estos dos países, Siria (6,5 millones) y Afganistán (5,7 millones), junto con Ucrania (5,7 millones), se han convertido en los países de origen del 52% de las personas refugiadas y desplazadas. Desde hace diez años Siria ocupa el primer lugar de este triste ranking, posición que arrebató a Afganistán después de lustros. Tras el comienzo de la invasión rusa, en febrero de 2022, que provocó el éxodo de población más rápido desde la II Guerra Mundial, Ucrania se situó en el tercer puesto. Sin embargo, aunque la población civil de estos países vive acechada por peligros evidentes, la respuesta para garantizar el acceso a la protección es absolutamente dispar. 

Es frecuente que entre las víctimas de los naufragios en el Mediterráneo aparezcan personas sirias, a quienes la desesperación de más de 12 años de guerra, la inseguridad y falta de futuro que han encontrado en países vecinos, como Líbano o Turquía, les hace subirse a embarcaciones precarias que no siempre llegan a tierra. Los hombres, mujeres, niños y niñas sirios llevan años de éxodo en busca de la oportunidad de rehacer sus vidas lejos de la violencia. Al igual que ocurre con personas procedentes de Afganistán, donde años de inestabilidad y conflicto, y la vuelta al poder talibán, de la que se han cumplido dos años, han provocado una grave degradación económica, humanitaria y de seguridad. 

Esta tendencia de buscar refugio en países cercanos al de origen se repite en el 76% de los casos de las personas refugiadas, que en su mayoría están repartidas entre Turquía (3,6 millones), Irán (3,4), Colombia (2,5), Alemania (2,1) y Pakistán (1,7). No quieren alejarse de sus países, pero no siempre ven garantizados sus derechos ni su seguridad en los de acogida. 

Los desafíos que afrontan las personas procedentes de Siria y Afganistán, que han llegado a embarcarse en periplos hasta América Latina y la terrible ruta del Darién por la imposibilidad de solicitar asilo en otros países, contrasta con la respuesta europea ante la emergencia humanitaria de Ucrania.  

Por primera vez en la historia se aprobó la Directiva de Protección Temporal sin precedentes que ha demostrado que con voluntad política se puede garantizar protección de manera rápida y eficaz. Lejos de ser una excepción, debería extenderse a cualquier persona obligada a huir en circunstancias similares, independientemente de su nacionalidad. 

África, un continente sumido en la inestabilidad 

Millones de personas ansían desesperadamente la paz en África, donde existe la mayor concentración de conflictos abiertos y de desplazamientos en la actualidad. La inestabilidad política sacude al continente en el que han triunfado siete golpes de Estado en los últimos tres años: Malí en 2020; Chad, Guinea y Sudán en 2021; Burkina Faso en 2022; y finalmente Níger y Gabón este 2023. Se suma a esta lista la delicada situación que atraviesa Senegal, país de origen de la mayoría de las personas que se están embarcando a Canarias, tras el encarcelamiento a principios de junio del principal líder opositor, que ha desatado protestas en la calle y la represión de éstas por las autoridades. 

Estos procesos van acompañados de vulneraciones de derechos, libertades y también conflictos, con un impacto desolador sobre las personas: son perseguidas, violentadas y amenazadas, lo que les fuerza a huir. De los 15 países que en los que se contabilizan más de 40 millones de personas desplazadas, 14 están en conflicto. Al contrario de una creencia común, la mayoría (77%) permanecen dentro de sus propios países. En total, el 96% de las personas que huyen de sus países permanecen en África. 

No solo huyen de guerras 

Pero no solo las guerras fuerzan los desplazamientos. Las dinámicas de los conflictos, crisis climáticas, pobreza, inseguridad alimentaria y migraciones forzadas están cada vez más interconectadas y se refuerzan, lo que lleva a cada vez más personas buscar seguridad y protección.  

Cuando intentan hacerlo en Europa, se encuentran con un sistema disuasorio basado en el control y la externalización de fronteras centrado en impedir la llegada de personas, en lugar de protegerlas. Libia o Túnez, países en situación de conflicto en los que se han registrado repetidas y flagrantes violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, son los principales puertos hacia Europa de los que miles de personas intentan partir en embarcaciones precarias después de trayectos que pueden durar incluso años a través del continente africano. 

Además, hay otros conflictos invisibles, como el que golpea a Colombia desde hace décadas, en un contexto de violencia estructura y social, crisis humanitarias como la venezolana o persecuciones de colectivos determinados representados por actitudes como la LGTBIfobia que no permiten a las personas vivir en paz en sus países. 

Sociedades de acogida pacíficas e inclusivas 

Estas barreras para alcanzar la paz no siempre caen en los países de acogida, como ocurre en España. Después de jugarse la vida en el mar, en saltos de valla o largos trayectos terrestres, quienes consiguen llegar encuentran nuevas odiseas: innumerables obstáculos para acceder al proceso de asilo, obtener citas, el racismo y la discriminación, etc.  

Está en nuestra mano crear sociedades de acogida que velen por la inclusión social y por el derecho a vivir en paz de todo el mundo. 

La paz y el derecho al retorno de las personas refugiadas 

El Día de la Paz es una oportunidad para recordar que, en el origen de los desplazamientos forzados, ayer y hoy, se encuentran graves violaciones a los derechos humanos y situaciones de violencia generalizada. Nadie abandona su hogar y a sus seres queridos por gusto. Por ello, el derecho al retorno de las personas refugiadas está vinculado a la resolución de los conflictos armados internos o internacionales, a los avances en democracia y justicia social, y a la existencia de unas relaciones entre Estados más equilibradas y solidarias, entre otras acciones. 

La resolución de estas causas de los desplazamientos involucra a toda la comunidad internacional, que puede contribuir a través de la promoción de una cultura de paz, mediante la responsabilidad en las relaciones diplomáticas o la limitación de la venta de armas, así como a con la diligencia debida en las inversiones económicas y la garantía de una redistribución de la riqueza a todos los niveles. 

 

Fuente: cear.es