Actualmente hay 7 CIE en funcionamiento: Madrid, Barcelona, Valencia, Algeciras-Tarifa, Murcia, Tenerife y Gran Canaria; en 2018, 7855 personas estuvieron encerradas en un CIE en España.
La prevención de la expansión de la COVID-19 motivó el cese momentáneo de las deportaciones muy a pesar del gobierno que, en un alarde de irresponsabilidad en su función de garante de los derechos fundamentales y mostrando un absoluto desprecio hacia la salud pública, siguió deportando con las fronteras cerradas y ha trabajado duro para activarlas a través de nuevos acuerdos de la vergüenza que tratan de normalizar la expulsión de personasa países que ni siquiera son los suyos.
Por primera vez en sus 35 años de historia, los CIE fueron totalmente vaciados y todos los CIE del territorio nacional permanecieron cerrados durante 142 días, desde el 6 de mayo (cuando se produjo la liberación de las últimas personas internas en el CIE de Algeciras) hasta el 25 de septiembre (momento en que se volvió a encerrar a las primeras personas en el CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria). El cierre de los CIE no se debió a razones humanitarias o sanitarias, sino a que no era posible materializar las expulsiones al estar cerradas las fronteras de los países receptores.

142 días que evidenciaron que la injusta privación de libertad de personas extranjeras en estas cárceles racistas es absolutamente prescindible y que el Estado español sea un territorio libre de CIE es únicamente una cuestión de voluntad política: o se hace el juego a la industria del control migratorio o se sitúa a las personas en el centro.Lejos de situar a las personas en centro, el gobierno está deshumanizando aún más la gestión del fenómeno migratorio, instrumentalizando a las personas en movimiento, resistiéndose a su regularización y, en definitiva, poniendo obstáculos al normal desarrollo de la sociedad diversa que ya somos.

En este sentido, las entidades reunidas en torno a la Campaña Estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones, seguimos constantado:

➔El agravamiento en la vulneración de los derechos humanos en los CIE que ha supuesto la COVID-19, motivado por la inexistencia de protocolos sanitarios o el incumplimiento de las escasas medidas acordadas, la muy deficiente atención sanitaria, el bloqueo en el acceso a asistencia letrada, la insuficiente o nula asistencia de traductores, o las trabas en el acceso a la solicitud de protección internacional.

➔Las anómalas circunstancias en las que se realizan las deportaciones: falta de notificación, nocturnidad y violencia, con el consiguiente riesgo para la seguridad de las personas, que pueden ser deportadas ilegalmente sin un proceso de apelación o recurso y llevadas de vuelta a los peligros de los que habían huido.

➔El internamiento sistemático y deliberado de personas vulnerables, como menores de edad o enfermas graves, o con arraigo, y la puesta en libertad de personas sin derivación a recursos humanitarios o seguimiento sanitario.

➔Varios intentos de suicidio por parte de personas internas sin la oportuna asistencia sanitaria y la ausencia de investigación de las muertes producidas en CIE.

➔La situación irregular de los módulos de mujeres y el hecho de que, desde su apertura en octubre 2020, haya simultáneamente entre 1 y 2 mujeres internas en el CIE de Aluche, imponiendo forzosamente su aislamiento. Esto está considerado, por entidades de referencia, como una forma de tortura.

➔El incumplimiento de los compromisos recogidos en el convenio de colaboración entre elMinisterio del Interior y Cruz Roja española para programas de asistencia social, cultural y humanitaria en los CIE. – ver BOE del 23 de noviembre de 2019 – subvención directa de 1.125.000€ a Cruz Roja.

➔La inexistencia de servicios de orientación jurídica (SOJ) para personas extranjeras en todos los CIE, que les permita estar informadas de su situación administrativa y formular los recursos legalmente previstos.

➔La continua producción de abusos policiales, tales como agresiones y tratos vejatorios, y la falta de investigación de estos comportamientos, consolidando su impunidad.➔La impunidad en que se mueve la Administración tras dificultar incluso negar la entrada a las entidades acreditadas para realizar visitas y la ausencia de respuesta por parte de los juzgados de control a múltiples quejas planteadas.