La Oficina Antifraude de la UE (OLAF) como FRONTEX, abrirán una investigación por la existencia de “irregularidades”. Una manera implicita de reconocer su participación en actos violentos e ilegales documentados por varias ONGs europeas: ejecución de devoluciones en caliente, participación en tiroteos, negativa a reclutar personal que supervise los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y falta de transparencia sobre sus actividades.

Un conjunto de malas prácticas que no deberían estar amparadas por los Estados miembros de la UE. Frontex es la externalización de la frontera europea común y que recurre a la contratación millonaria de empresas de seguridad y apoyo técnico privadas. Supone un presupuesto enorme que sirven para vulnerar derechos al amparo de una Agencia legitimada por la Europa Fortaleza.

Como Observatorio junto a tantas otras organización europeas exigimos que se detenga de inmediato la financiación de esta Agencia, hasta que se conozca la verdad. Pedimos justicia ante las violencias cometidas contra personas migrantes y que desde el Europarlamento se inicie un Comité de Investigación para garantizar el marco internacional de derechos de personas migrantes y refugiadas, renunciando a la necro política de los Estados. Así como la desaparición de Frontex y su sustitución por otro tipo de prácticas, políticas y leyes reguladoras de la movilidad humana más garantes de derechos.