España no es muy amiga de que las agencias europeas influyan en la gestión de sus políticas migratorias, pero unas siglas casi desconocidas empiezan a aparecer cada vez con más frecuencia. La EASO, las siglas en inglés de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, está en España para ayudar a darle la vuelta al sistema de acogida de refugiados y la presencia de sus técnicos irá creciendo en los próximos meses. Además, un equipo de unas 20 personas trabaja en Canarias para asesorar en la gestión de los campamentos. “Nuestra función no es monitorizar, sino apoyar a los Gobiernos para mejorar las condiciones de acogida”, explica a EL PAÍS la directora de la EASO, Nina Gregori.

Gregori (Eslovenia, 48 años) estuvo en Madrid a mediados de mayo en su primera visita oficial desde que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció que había pedido su ayuda el pasado mes de octubre. La directora de la EASO viajó también a Canarias donde ingenieros, arquitectos y otros expertos de varios Estados de la UE asesoran a las autoridades españolas en la gestión de los campamentos desplegados en las islas. También en la localización y diseño de nuevos espacios. Parte del plan canario es crear una infraestructura estable para solicitantes de asilo. En las islas quedan alrededor de 2.000 personas de las más de 28.000 que han llegado entre 2020 y 2021, pero la previsión es que la presión migratoria se mantenga en el archipiélago.

Escrivá ha asegurado en varias ocasiones que los campamentos en Canarias, donde conviven solicitantes de asilo y los considerados inmigrantes económicos, cumplen los mejores “estándares de acogida” internacionales. El ministro, al que se apuntaba cada vez que alguno de los campamentos mostraba sus deficiencias, no especificaba a qué estándares se refería, pero sí señalaba al personal de la EASO, con experiencia en Grecia, Italia o Malta, como los “mejores cualificados” para decir “lo que nos hace falta y lo que no nos hace falta”.

Los estándares recogidos por la oficina europea contemplan entre otras cosas que cada residente debe contar con al menos cuatro metros cuadrados, agua caliente, encontrarse a un máximo de tres kilómetros de servicios básicos y que en los alojamientos colectivos debe haber un máximo de seis personas por habitación. En varios de estos macrocentros, sin embargo, hay carpas gigantes y no habitaciones, ha faltado agua caliente, hubo hacinamiento, conflictos y problemas con la comida. Gregori vincula los problemas a una “situación de emergencia”, y asegura que el ministerio “tiene como objetivo” aplicar sus recomendaciones. “Estamos aquí para dar todo el apoyo que podamos”, asegura.

Más allá del plan en las islas canarias, el ministerio y la EASO realizaron conjuntamente un diagnóstico de las carencias de toda la red de acogida a finales del año pasado. Entre otras cosas se concluyó que falta personal y capacitación en materia de asilo, que el sistema falla al identificar a los más vulnerables y se tradujo en cifras una excepcionalidad española: de las cerca de 10.000 plazas destinadas a potenciales refugiados solo un 3% están gestionadas por el Estado. “En la mayoría de los países de Europa, la acogida a personas que buscan asilo está en manos del Gobierno, mientras que España tiene un sistema bastante único y la gestión de las plazas está en manos de ONG”, apunta Gregori. La directora de la EASO no entra en si este sistema es mejor o peor, pero Escrivá ya ha dicho varias veces que este no es un modelo eficiente.

Uno de los objetivos del ministerio es, precisamente, acabar con esa particularidad española y lograr que en 2023 haya 6.300 plazas más de acogida propias, lo que convertiría al Estado en gestor de un tercio de las camas disponibles. Escrivá además es partidario de que otros actores, más allá de las ONG, puedan ejercer de gestores de los centros de la acogida.

España ha sido el último país mediterráneo en pedir apoyo a la EASO. Y con limitaciones. La agencia ya actúa en Grecia, Italia, Chipre y Malta, requerida para abordar distintas deficiencias en sus sistemas de asilo. España, también en este caso, presenta una particularidad y es el único de estos países que mantiene a la Oficina lejos del procedimiento administrativo. El procedimiento, que comienza cuando la persona manifiesta que quiere pedir protección internacional y termina cuando se le concede o se le deniega su solicitud, es crucial para el funcionamiento del sistema. Este trámite que en España puede superar los dos años, frente a los seis meses que marca la directiva europea, arrastra deficiencias hace años. Los potenciales refugiados no siempre acceden fácilmente al proceso, los plazos se sobrepasan en todas las fases, falta personal y la policía, que suple esa falta de personal, no tiene suficiente formación. El Ministerio del Interior, que es el competente, sin embargo no quiere el apoyo externo que sí pidió Escrivá.