Isabela no quiere pensar qué será de su vida si no puede acogerse a la regularización extraordinaria que el gobierno español va a poner en marcha las próximas semanas para conceder permisos de residencia a medio millón de extranjeros que cumplan unos criterios que, a día de hoy, son provisionales. El decreto aprobado por el ejecutivo de Pedro Sánchez todavía tiene que pasar por el Consejo de Estado para regresar otra vez al consejo de ministros. Si bien hay incógnitas de cómo quedará la letra pequeña, Isabela tiene muy claro que la suya es una misión imposible porque no han pasado los 10 años pertinentes desde que completó la condena para poder anular sus antecedentes penales y, en el borrador del texto, es invalidante cualquier mancha en el historial delictivo.
Este proceso de regularización supone para muchos una oportunidad única –y quizás la última– después de años de haberlo intentado por la vía ordinaria del arraigo social, que exige una oferta laboral de un año o una estancia mínima de dos años en el Estado. Pero como para Isabela, para otro grupo supone un portazo a las expectativas de empezar de cero y encarrilar los pasos hacia una “vida normalizada”.
Nada más pisar territorio español, esta brasileña en la treintena pasó del aeropuerto a los juzgados, acusada y, posteriormente, condenada por tráfico de estupefacientes. Le cayeron seis años y seis meses de prisión, de donde salió en régimen abierto cuando su hijo cumplió tres años y ya no podía vivir en el módulo con ella. El plan de reinserción aprobado por el departamento de Justicia le permitió un contrato en una multinacional hasta que le caducó el NIE temporal (la identificación para los extranjeros no comunitarios) en febrero de 2023. La paradoja del caso es que por la misma razón que empezó a trabajar se le denegó el permiso de residencia: tener antecedentes penales. “Sin documentación te obligan a una vida de vulnerabilidad, a no existir”, y hasta a tener relaciones “infelices por pura necesidad”, dice refiriéndose a la experiencia propia.
Dos denegaciones
En dos intentos por regularizar su situación administrativa, Isabela ha tenido la misma respuesta negativa. Ni siquiera lo ha conseguido a través de su hijo, de nacionalidad española. Madre e hijo viven solos, aunque el juez concedió la custódia al padre, que no se hace cargo de la manutención.
Cometí un error. Asumo la culpa, pero ya he pagado ”
Sin rehuir de ninguna responsabilidad, se siente en un callejón sin salida, y aunque no espera “ningún milagro”, sí que expone su historia “por si alguien puede intercedir”: “Me he arrepentido. Acabé en la prisión por una pésima decisión de la que no estoy orgullosa. Asumo la culpa –reflexiona–. Ya he pagado”. Se queja de haber tenido más derechos en la prisión que ahora, hasta el punto de que ni con ofertas laborales ha podido dejar atrás “el error”.
A diferencia de ciudadanos españoles condenados, los extranjeros tienen el “doble castigo” de los antecedentes antes de poder borrarlos, porque los condiciona y repercuten más, constata la responsable de movilidad humana de Cáritas, Elisabet Ureña. En este punto, Isabela compara su caso, de una “vida congelada”, con el de un compañero español de prisión que, una vez fuera, se ha integrado en la vida laboral sin problemas.
Cáritas y otras entidades sociales ultiman estos días el dispositivo para poder asesorar y acompañar al máximo número de migrantes en la regularización. Se calcula que en Cataluña, alrededor de 150.000 personas se podrán beneficiar, pero, sin el texto final del decreto publicado, solo se puede “aconsejar a los demandantes que preparen documentación”, admite Ureña. Por primera vez en un proceso de estas características, el gobierno español cuenta con las entidades sociales para agilizar los trámites. La administració está totalmente colapsada ya en su día a día y son decenas de entidades y colectivos autoorganizados los que se afanan a informar a los migrantes por la “falta de respuesta de la administración”, reprocha Maria Creixell, portavoz de la Coordinadora Fronteras Abiertas que da charlas o atención comunitaria para resolver dudas. La activista critica que en vísperas del inicio del proceso no se ha resuelto quién asumirá los gastos de “tasas, renovación de documentación o actos notariales” que se necesiten para los trámites para aquellas personas sin ingresos y cuestiona si la sociedad organizada es capaz de montar circuitos de ayuda, de hacer folletos con diferentes idiomas porque de eso no se encargan las oficinas gubernamentales.
Incluso para quienes no tienen antecedentes, conseguir el historial en el país de origen es una carrera burocrática, y más si se hace contra reloj. Ureña también señala el temor de que las personas indocumentadas o con el pasaporte caducado no lleguen a tiempo de obtener la documentación para iniciar los trámites o las que, sin padrón municipal, no puedan demostrar los cinco meses de estancia permanente. “A muchas personas les están dando fecha para junio” en consulados y embajadas, que es el mes en que se prevé que acabe el proceso, afirma la responsable de Cáritas, que insiste en que los datos oficiales constatan que “la inmensa mayoría de la migración no delinque ni tiene antecedentes”.
El Youcef es argelino y llegó hace medio año, y aunque por tiempo de estancia entra en el proceso por los pelos, también tiene el miedo en el cuerpo porque en este tiempo vive en la calle y no se ha podido empadronar. Como el resto de testimonios de este reportaje, evita identificarse para que su nombre no quede relacionado con la irregularidad. Conserva una carpeta con documentación firmada por policías y organismos municipales como un “tesoro” porque entiende que servirán para demostrar su permanencia mínima exigida para la regularización y conseguir un trabajo que le permita “vivir dignamente y enviar dinero para el hijo” que se ha quedado con la madre. Su reto, sin embargo, es encontrar una cita para recibir los antecedentes penales de los últimos cinco años en su país de origen y poder renovar el pasaporte, caducado desde hace poco menos de un año. “Nunca hice mal en Argelia y confío en que alguien me ayude”, afirma a la entrada de la tienda de campaña donde sobrevive.
A la espera del juicio
Poco se imaginaba el cubano Alfredo que pasaría los tres primeros años en España sin un trabajo estable y una vida ordenada. Artista muy reconocido en su país de origen, aprovechó una gira por España para quedarse allí con toda la compañía, pero ninguno de sus sueños se ha cumplido y tiene que trabajar como puede. Confía en la regularización, pero no las tiene todas porque nadie le sabe decir si cumplirá los requisitos.
¿Por qué nos permiten vivir en el país sin poder trabajar y contribuir con impuestos? ”
Explica que se aprovecharon de su necesidad para “engañarlos con una estafa” de la cual ha resultado acusado y está a la espera de juicio. “A mí me utilizaron como a miles de migrantes que se aferran a cualquier cosa para subsistir”, se explaya este hombre de 44 años, que se reivindica como “víctima”. A la hora de cobrar un trabajo de albañilería, su jefe le dijo que le pagaría con un cheque de 1.900 euros. Dice que el primer mes no tuvo ningún problema para cobrar, quedarse 800 euros y dar el resto al hombre, pero antes de acabar el siguiente mes los Mossos lo detuvieron alertados por su entidad bancaria. Dos años y medio después, no le han fijado el día de juicio. “Estoy muy preocupado, este proceso es la gran oportunidad para poder retomar la vida y continuar con mi carrera artística”, lamenta, e incide en que la irregularidad deja poco margen. “¿Por qué nos permiten vivir en el país, pero sin poder trabajar y contribuir con impuestos?”, plantea.
Fuente: es.ara.cat
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