El Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) valora positivamente los acuerdos entre Estados en la gestión de sus problemas

Desde el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), valoramos positivamente los acuerdos entre Estados en la gestión de sus problemas. Al mismo tiempo, mostramos nuestra preocupación ante las noticias que nos llegan desde el Secretariado de Migraciones de Cádiz y Ceuta, así como desde las instituciones de la Iglesia, civiles y del mismo Defensor del Pueblo respecto a la devolución en grupo de menores desde Ceuta a Marruecos, así como respecto de su situación previa y actual en Ceuta sin ser derivados a otros recursos de la Península.

La fe en Jesucristo nos llama a no mirar a otro lado. Cuidar y atender a los menores que llegan solos a nuestras fronteras es responsabilidad de todos. Hoy se convierte en nuestra obligación ética y legal.

Desde una perspectiva ética, moral y legal, la respuesta a las llegadas masivas no pueden ser devoluciones masivas, sino que cada caso debería ser examinado de manera personalizada, porque este tipo de devoluciones en grupo suponen un grave riesgo para los propios menores.

Así se recoge en el marco jurídico nacional e internacional, para garantizar ante todo la vida y seguridad de los menores. Recordamos que según este marco se debe contar con el consentimiento de los mismos para su posible repatriación.

No olvidamos, como dijimos en su momento, que nos referimos a niños y niñas a quienes los Estados de origen y llegada deben proteger y escuchar, garantizando individualmente su retorno familiar cuando así lo solicitan, o su cuidado y amparo cuando provienen de situaciones de vulnerabilidad, maltrato, pobreza o explotación.

Nos preguntamos si estos protocolos se plantean individualmente y con el conocimiento de la fiscalía y no como retornos colectivos, tal como se contempla en la Convención de los derechos del Niño de 1989, los tratados internacionales y la Ley orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor y la Ley Orgánica 8/2015 de protección a la infancia y a la adolescencia.

Sabiendo de nuestro deber de tutela a los niños y niñas, ante posibles e inminentes actuaciones, tememos las fugas masivas de los niños de los centros de acogida y la situación de desamparo e impacto en la población que con ello pueda sobrevenir.

Por ello, nos emplazamos como Iglesia y sociedad a buscar soluciones basadas en el diálogo entre Estados, la atención personalizada y garantista de derechos, la solidaridad a todos los niveles y la seguridad de todos.

Mons. José Cobo, obispo responsable del Departamento de Migraciones de la CEE

Xabier Gómez, Director del Departamento de Migraciones de la CEE