Organizaciones sociales denuncian casos de presuntas agresiones y violaciones de Derechos Humanos en el CIE de Madrid durante los últimos meses

● Mundo en Movimiento, Pueblos Unidos-SJM y el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine presentan varios escritos dirigidos a la Fiscalía de Extranjería, Fiscalía de Delitos de Odio y al Consejo General del Poder Judicial para investigar el aumento de violencia en CIE, proteger los derechos de las personas internas y garantizar el acceso a una tutela judicial efectiva.
● Solo en el mes de marzo, tres personas han denunciado haber sufrido presuntas agresiones físicas y verbales por parte de los funcionarios de Policía Nacional del centro. La investigación de estos posibles delitos se ve frecuentemente dificultada por las posteriores expulsiones sin notificación previa.
● Es necesario terminar con la impunidad de estas actuaciones, así como acabar con estas vulneraciones de derechos que se han cronificado en el CIE de Aluche.

Las organizaciones sociales que visitan a personas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche en Madrid denuncian ante las autoridades judiciales un preocupante aumento de la violencia hacia las personas migrantes internadas en estos centros. En los últimos nueve meses se han presentado al menos siete quejas de presuntas agresiones físicas y verbales por parte de funcionarios de Policía hacia personas internas. Estas entidades han acudido a las Fiscalías de Extranjería y Delitos de Odio, así como al Consejo General del Poder Judicial para trasladarles la preocupación por esta escalada y reclamar una implicación más exhaustiva en la instrucción e investigación de estos posibles casos de tortura y tratos degradantes y vejatorios.

La vulneración de derechos de las personas internas en el CIE de Madrid se viene perpetuando desde hace años. Las continuas dificultades de acceso a una tutela judicial efectiva se agrava por la frecuente práctica de deportación urgente y sin notificación previa de las personas víctimas de agresiones y testigos de las mismas. Además, se mantiene una negligente asistencia sanitaria por la falta de emisión de partes de lesiones y los obstáculos en el acceso a solicitud de protección internacional.

Los expedientes que se acompañan con los escritos recogen los testimonios de las víctimas y testigos que dicen haber sufrido un trato degradante y vejatorio, pudiendo ser hechos constitutivos de delitos de odio. La insuficiente investigación de estas actuaciones junto con el corto recorrido procesal de las denuncias por malos tratos físicos, mantiene la impunidad de quienes lo ejercen, siendo necesario una mayor implicación de los distintos actores jurídicos para salvaguardar las garantías de la tutela judicial efectiva y el respeto de los derechos humanos.

Las situaciones de vulneraciones de derechos que se repiten año tras año en los CIE deben acabar, debiendo recordar que si bien el objetivo último es acometer el imprescindible cierre de estos centros de detención, las instituciones deben cumplir su obligación de atender a personas que se encuentran encerradas sin haber cometido delito alguno. Cumplir y hacer cumplir los Derechos Humanos no es una opción a valorar, sino una obligación.

La invisibilidad e indiferencia sobre la situación de las personas internas se produce desde la creación de los CIE, debiendo acabar urgentemente con el sistema policial y opaco que viene rigiendo hasta el momento y que no deja lugar al respeto de los Derechos Humanos. Por ello, reiteramos a la administración su deber de velar por la integridad y la dignidad de todas las personas, especialmente de aquellas que permanecen privadas de libertad tras los muros que levantan fronteras. Igualmente, pedimos la escrupulosa investigación de la responsabilidad de aquellos que incumplen el mandato legal, acabando con la impunidad de la administración pública y del sistema securitario sobre principios básicos de humanidad.