amba Martine falleció el 11 de diciembre de 2011 en el Centro de Internamiento para extranjeros de Aluche, Madrid.
Había llegado a Melilla como tantas otras personas en ese momento y tras varias pruebas detectaron que tenía VIH. Posteriormente fue trasladada a Madrid para ser internada en el CIE, pero su expediente médico en el que se reflejaba su enfermedad nunca se trasladó.
En Madrid estuvo 39 días internada, durante los cuales no se le realizó ninguna prueba médica. Incluso una vez empezó a tener molestias, tuvo que solicitar hasta en diez ocasiones asistencia médica sin que se le prestara ninguna atención. No fue sino hasta el mismo día de su muerte, cuándo fue llevada al hospital dónde poco después murió.
Nueve años después, la demanda de responsabilidad patrimonial se resolvió favorablemente por parte del Ministerio de Presidencia y se indemnizó a la familia. Se reconoció mala praxis y descoordinación institucional negligente así como atención médica deficiente.
Este último punto marcó un antes y un después en la lucha por el derecho a la justicia y la reparación de las personas que migran.
Durante años se luchó por la memoria de Samba Martine y por la reparación de la familia tras su muerte. Durante años las resoluciones judiciales no vieron determinante ninguna de las pruebas presentadas para establecer una responsabilidad de ninguna de las personas que de una u otra manera habrían actuado de manera cuánto menos imprudente y que llevó a la muerte de Martine.
Esa lucha incansable de la familia y de los colectivos sociales fue la que finalmente consiguió que se hiciera algo de justicia en el caso de Samba. De alguna manera las cosas comenzaron a cambiar en los CIE. Seguimos luchando por el cierre de unos centros que sólo criminalizan a la población que migra y que lejos están ya de cumplir si quiera la función para la que fueron creados pero al menos la muerte de Samba sirvió para empezar el camino de algunos pequeños cambios.
Su muerte nos despertó a muchas y nos unió a otras. Y a día de hoy, su muerte y la lucha que vino después por su memoria es ejemplo de cómo podemos conseguir ampliar derechos y cómo debemos seguir luchando por el derecho a la memoria de las personas que migran. Un derecho que empezaría por reconocer la responsabilidad del Estado en las muertes que ocurren durante el tránsito migratorio.
Las vidas de quiénes migran están cruzadas en demasiadas ocasiones por la muerte. Pero lejos de verlas solo como sólo quienes mueren, el trabajo pendiente es el poner el foco en la lucha. Que además se convierte en una lucha por el derecho a la memoria. Una memoria que empieza por reconocer que la memoria del país está ya formada por las historia de quienes migran y de quiénes fallecen en el intento y que de ahí se deriva la responsabilidad del Estado para con sus vidas y para con sus familias.
Samba dejó de ser el número 3106 para ser Samba Martine. Poner nombre a los números. Cada persona de las que fallece tiene un nombre, un lugar de nacimiento, un lugar de partida, una familia y una historia que hemos de recuperar. Para que nunca más sean enterradas sin nombre en pequeños nichos blancos en los cementerios de los lugares de llegada. Samba se convirtió en el símbolo de una lucha por la búsqueda de la verdad, una lucha por nombrar a las víctimas por significar también sus luchas de vida y sus vidas de resistencia a las políticas migratorias y la violencia que se ejerce a través de ellas.
Dice Naomi Klein que “las estrategias del shock son estrategias que se basan en aprovecharse de cómo perdemos la conciencia de dónde estamos, de cómo perdemos nuestro relato, nuestra historia y nuestro lugar en el espacio y en el tiempo”.
Por ello es necesario no perder esa conciencia para seguir luchando por la asunción por parte del Estado de una responsabilidad que ha de tener con las consecuencias que la falta de políticas respetuosas con los derechos de las personas que migran generan.
Urge hablar de políticas públicas de memoria dónde se ponga en el centro a las víctimas para trabajar con ellas los procesos de verdad, justicia y reparación. Una política que debería empezar con la creación de una entidad estatal independiente entre cuyos objetivos esté la identificación de quiénes fallecen cerca de nuestras fronteras y las investigaciones exhaustivas necesarias llegado el caso cuándo se pueda interpretar que hay una responsabilidad directa de algún agente estatal como ocurrió con Samba o con quiénes fallecieron en la masacre de Melilla hace menos de dos años. Es necesario que desde esas políticas públicas se garantice el contacto con las familias que quedan en origen a la espera de una llamada, con un adecuado acompañamiento psicosocial en caso de ser necesario y con la posibilidad de unos procesos de repatriación que a día de hoy son inasumibles.
No podemos olvidar que las víctimas de las fronteras actuales lo son de los procesos de colonización y descolonización fallida y de un sistema de relaciones de poder que actuaron durante siglos. Es por tanto una responsabilidad histórica por la que han de establecer vías de resarcimiento.
Samba, Osamuyi, Jeanneth, Idrissa, Lucrecia, Mamadou y tantos otros son el faro para seguir luchando por una política migratoria justa, por una política que ponga en el centro a las personas, que se acerque a las redes de vecindad que ya se tejen entre nosotras. Una política crítica con el expolio de los recursos naturales de nuestros vecinos y el enriquecimiento a costa de ellos. Y también para seguir luchando por el derecho a ser nombrados y recordados.
Fuente: elsaltodiario.com
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