La Unión Europea ha dado luz verde a un nuevo Pacto de Migración y Asilo que supone una grave amenaza a los derechos humanos y la externalización de fronteras. Esta propuesta supone una oportunidad perdida para avanzar hacia una verdadera solidaridad y responsabilidad compartida entre los Estados Miembro y presenta graves riesgos para las personas migrantes y refugiadas. En este artículo explicamos los principales motivos. 

 

 1. Más externalización de fronteras

El nuevo Pacto refuerza las políticas de externalización de fronteras y de retorno a terceros países donde las vidas y los derechos de las personas migrantes y refugiadas corren peligro. El objetivo prioritario es impedir que lleguen y, si llegan, expulsarlas lo más rápido posible 

El Pacto apuesta por un mecanismo de solidaridad “a la carta” o “flexible” que permite a los Estados miembro financiar proyectos en terceros países destinados al control migratorio, como alternativa a la reubicación de las personas con necesidad de protección. 

La premisa de “pagar para no acoger” es inaceptable, especialmente cuando se financia a países como Marruecos, Argelia, Libia, Túnez o Egipto, donde no se respetan los derechos humanos, ni se garantiza una protección adecuada.

2. Falta de solidaridad y responsabilidad compartida 

La UE ha fracasado en su objetivo de lograr un reparto más equitativo de las responsabilidades de asilo. La reducción de los plazos del procedimiento aumenta la presión sobre los Estados fronterizos como España, sobre quienes además recaen nuevas responsabilidades derivadas de los nuevos procedimientos de controles previos de entrada, así como de asilo y retorno en frontera.   

A ello hay que añadir mencionado mecanismo de solidaridad a la carta, contrario al principio de solidaridad y responsabilidad compartida entre los Estados miembro y que debería ser el pilar fundamental del Sistema Europeo Común de Asilo. Por ello, CEAR reclama que se priorice la reubicación como única medida efectiva de solidaridad y protección.

3. Medidas de excepción y ficciones jurídicas para suspender el derecho de asilo 

La nueva normativa introduce la ficción jurídica de “no entrada”, que pretende considerar que una persona “no ha llegado” a la UE hasta que lo autorice el Estado miembro, independientemente de que haya pisado suelo europeo. Esto implica que las personas migrantes corran el riesgo de permanecer meses en condiciones de detención.  

Además, los Estados miembro podrían suspender las garantías del derecho de asilo en casos de crisis o fuerza mayor que pueden decretar de manera discrecional. Esto podría derivar en un estado de excepción a las normas de asilo cuasi permanente y en un régimen subestándar de derechos. 

CEAR considera que a las personas sometidas al control se les deben garantizar todos los derechos. Desde el momento en que una persona está en una frontera europea y manifiesta su voluntad de protección internacional, debe garantizarse el acceso inmediato al procedimiento. 

4. Discriminación por nacionalidad o por otros motivos

A partir de ahora, para aplicar el procedimiento fronterizo, los Estados pueden tener en cuenta la tasa de reconocimiento en función de la nacionalidad y la aplicación discrecional del concepto de “tercer país seguro”, un criterio que puede acarrear la emisión automática de una decisión de retorno con riesgo de que no se valoren adecuadamente las circunstancias individuales que afronta la persona en el país de origen o de tránsito. Esto supone una amenaza real de vulneración del principio de no devolución. 

CEAR insiste en la necesidad de estudiar cada solicitud de manera individualizada, respetando el derecho a la información, al asesoramiento legal, el acceso a un intérprete y a un tratamiento diferenciado a las personas con necesidades especiales o en situación de vulnerabilidad, para que tengan las mejores garantías de protección.

5. Personas detenidas en las fronteras por el hecho de migrar

Las nuevas medidas facilitan la criminalización y la privación de la libertad de las personas que llegan a las fronteras europeas en busca de refugio o una vida digna durante meses, sin que se les garanticen derechos básicos. 

Es fundamental que los Estados se opongan al uso de medidas privativas de libertad o la detención de personas migrantes y refugiadas en las fronteras de manera generalizada y como práctica habitual, en consonancia con el derecho internacional de las personas refugiadas y el de los derechos humanos. La privación de libertad debería ser siempre el último recurso. 

CEAR considera que la próxima legislatura europea es una oportunidad para salvaguardar de manera efectiva el derecho de asilo en la UE, poniendo en el centro de sus políticas migratorias la vida y los derechos de las personas migrantes y refugiadas. La UE y los Estados miembro como España aún están a tiempo de implementar el Pacto de manera garantista, solidaria y con pleno respeto de los derechos humanos, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad. 

Fuente: cear.es