Como Observatorio queremos lamentar la política aplicada por el Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska, que de hecho está convirtiendo a Canarias en un territorio de la Unión Europea en el cual se vulneran garantías jurídicas.

Según nos relatan desde el archipiélago, la policía impide a personas con documentación en regla circular libremente. La policía expulsa a inmigrantes y no les da refugio. Mientras colectivos de apoyo a inmigrantes  se han encargado de acogerlos en los domicilios. El Ministerio del Interior está deportando sin previo aviso, saltándose a la torera todos los procedimientos legales. La impunidad y violación de los derechos fundamentales es absoluta.

La situación es extremadamente dramática desde el punto de vista humano. 1.500 personas -en Tenerife hay unas 1.000 personas en Las Raíces y otras 500 más en Las Canteras- han convertido a Canarias en una cárcel a cielo abierto. Mientras, el PP visita el campamento Las Raíces y propone aumentar las expulsiones y aplicar la política de la UE que consiste en más deportaciones y más externalización de fronteras.

Consideramos que ni la gestión del Gobierno, ni la demegogia de pretender que las deportaciones masivas solucionen los porblemas forman parte de una solución que pasa por el diálogo entre todas las administraciones implicadas; a nivel municipal, autonómico, ministerial, y las entidades que están acompañanado a las personas migrantes. Es prioritario que por encima de partidismos y oportunismos políticos se produzca una mayor coordinación entre administraciones para gestionar la acogida, atención humanitaria y el tránsito de solicitantes de asilo y protección o de personas con pasaporte a la península para continuar su proyecto migrante o llegar a otros lugares de Europa donde en muchos casos cuentan con familiares o amigos.

La sociedad y la Iglesia de canarias están haciendo un gran esfuerzo de acogida y acompañamiento, una solidaridad que necesita ser reforzada desde la Península. Pero  sobre todo, hace falta abordar las causas, leyes, políticas y modelos de gestión de la migración que se demuestran hasta ahora ineficaces y no respetuosos de los derechos humanos.