El informe anual de la entidad también recoge la impunidad en la gestión del covid de las residencias y el mantenimiento de la ‘ley mordaza’

El gobierno español ha sido capaz de articular una respuesta ágil para acoger los miles de refugiados de la guerra de Ucrania o de Afganistán, pero es incapaz de gestionar del mismo modo la crisis migratoria en la frontera sur. Es la principal conclusión del informe sobre derechos humanos del 2021 de Amnistia Internacional, que denuncia la doble vara de medir de las políticas de asilo del Estado. El documento también recoge la impunidad en la que han quedado las muertes en las residencias durante la crisis del coronavirus y denuncia que se continúe aplicando la controvertida ley de seguridad ciudadana, también conocida como ley mordaza, para frenar los derechos de reunión y manifestación.

Según Amnistía Internacional, el conflicto de Ucrania ha evidenciado, no tan solo en España sino en la mayoría de Europa, la existencia de refugiados de primera y segunda clase. El informe destaca que el Estado ha sido capaz de dar una respuesta “ágil” a las personas que han llegado huyendo de la guerra de Ucrania y de Afganistán. Por ejemplo, después de que los talibanes llegaran al poder, evacuó a 2.026 personas del país y, “por primera vez”, permitió que afganos pidieran asilo en la embajada de España en Pakistán. En cambio, la entidad contrapone esta política de gestión de la crisis migratoria con “el hacinamiento y la precariedad” de los centros que reciben a los inmigrantes que llegan a la frontera sur y a las islas Canarias, y lo atribuye a la “mala gestión” del gobierno español.