Las organizaciones en defensa de los migrantes en España han valorado positivamente el anuncio del Gobierno de poner en marcha un proceso de regularización extraordinaria para personas extranjeras en situación administrativa irregular. La iniciativa, pactada entre el PSOE y Podemos, se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes y permitirá a alrededor de medio millón de personas acceder a papeles hasta el 30 de junio, siempre que cumplan ciertos requisitos.

Desde el movimiento Regularización Ya, las activistas se muestran entusiasmadas y destacan que la medida es fruto de meses de presión y trabajo. «Hemos mantenido reuniones y labores de incidencia para enfatizar la urgencia de una regularización. Nuestro impulso y presión ha formado parte de esta decisión», asegura la organización a Público.

«Ante un panorama internacional de recrudecimiento de las políticas migratorias, el cierre de fronteras y la criminalización de las personas migrantes en buena parte de Europa, España se abre y da un paso en sentido contrario: reconocer administrativamente a quienes ya forman parte de nuestra sociedad», celebran.

El acuerdo, anunciado públicamente por Irene Montero en un acto en Madrid y confirmado posteriormente por el Ejecutivo, establece que podrán beneficiarse de la medida todas las personas solicitantes de protección internacional que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025, que no tengan antecedentes penales y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.

Los directores generales de CEAR, Mónica López y Mauricio Valiente, también celebran la medida. Valiente recalca que la regularización extraordinaria responde a una aspiración histórica de los movimientos sociales. «Es de justicia que las personas que contribuyen a la riqueza y al desarrollo del país tengan una respuesta rápida a sus peticiones. Esperamos que la tramitación sea ágil y efectiva«, añade.

López señala que es fundamental también reforzar mecanismos que no sean extraordinarios, sino estructurales que eviten que las personas tengan que permanecer en la irregularidad durante meses o años, permitiéndoles trabajar y desarrollarse desde su llegada. «Son medidas que favorecen no solo a la población migrante, sino a la sociedad en general, porque permiten que las personas estén integradas y contribuyan al país«, afirma.

Desde la asociación València Acull consideran que se trata de una buena medida y justa, pero recuerdan que «no se pueden volver a cometer los errores que se dieron durante la regularización extraordinaria por la DANA en València«, donde se exigió el padrón o como última alternativa el certificado de residencia efectiva, a pesar de las dificultades para acceder al padrón. «Con esos requisitos no se pudo llegar a todas las personas que viven y vivían en las zonas afectadas por la DANA, pero no tenían medios oficiales para probarlos como el padrón o los certificados de residencia efectiva, pero sí otros alternativos que no que no fueron admitidos«, explican a Público.

Según ha informado el Ejecutivo, esto no sería un problema ya que los solicitantes podrán presentar otros documentos como un informe médico, un contrato de luz o de alquiler, o un certificado de envío de dinero.

Por su parte, la ONG Mundo en Movimiento ha mostrado su «alegría» de que por fin “nuestras vecinas y vecinos vayan a poder acceder a sus derechos”. Si bien, se muestran cautos hasta conocer el texto definitivo del Real Decreto que aprobará la regulación. «A priori son buenas noticias para toda la población, tanto para las personas que puedan acogerse a la regularización, como para quienes queremos vivir en una sociedad en la que todas las personas veamos nuestros derechos reconocidos y garantizados«, destacan.

Fuente: publico.es