El camino para que la ILP de regularización de medio millón de personas migrantes supere la tramitación parlamentaria cada vez es más estrecho. Público ya informó de que varias de las partes que están interviniendo en la negociación no confían en que exista la suficiente “voluntad política” para sacarla adelante y algunos partidos han llegado a declarar que, tras la reforma del Reglamento de Extranjería, “ya no le ven sentido”. El futuro de la ILP parece, por lo tanto, bastante negro y cualquier elemento puede ser utilizado en su contra. Y ese es un temor que existe en torno al Pacto europeo sobre Migración y Asilo.

Se trata de una normativa ya aprobada en el seno de la Unión Europea y cuyo límite para entrar en vigor se sitúa en junio de 2026. No obstante, un año antes, en junio de 2025, se empezarán a desarrollar una serie de pasos previos; una batería de hitos que tendrán que irse cumpliendo en el año que media entre junio de 2025 y junio de 2026. De todas maneras, las distintas figuras del ámbito nacional y europeo consultadas especifican algo que rompe un mantra que se ha repetido hasta la saciedad desde que la ILP, con más de 700.000 firmas detrás, entró en el Congreso.

Las voces más críticas con la ILP han insistido mucho en que Europa prohíbe la regularización masiva de migrantes y que el pacto migratorio atornilla ese criterio, pero nada más lejos de la realidad. En ningún punto del texto se establece tal prohibición. Así lo recalca también Estrella Galán, eurodiputada de Sumar en el grupo The Left, en conversación con Público: “En el pacto migratorio europeo no hay ni una coma que impida que se aplique la ILP“. Se refiere a que no hay ningún tipo de impedimento legal. De todas formas, sí reconoce que puede ser utilizado como una “excusa más” para torpedear la ILP. De hecho, el texto contiene algunos puntos que pueden entrar en fricción con la regularización que se está tramitando en el Congreso.

El pacto migratorio insta a los Estados miembros a notificar a la Comisión Europea cualquier medida extraordinaria de regularización migratoria, justificando su “carácter excepcional y no recurrente”. Este requisito burocrático añade una capa de supervisión comunitaria sobre iniciativas nacionales como la ILP. “Europa podría activar los mecanismos de infracción alegando que la iniciativa contradice los objetivos del pacto”, reconoce Alberto Ares, director del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) en Bruselas.

España, no obstante, podría acogerse a las cláusulas de excepcionalidad previstas en el acuerdo, que permiten medidas extraordinarias ante situaciones de crisis humanitaria debidamente acreditadas. El posible conflicto no termina aquí. El pacto contempla el refuerzo de las cuotas de retorno –deportaciones–, un compromiso que deberán adquirir los gobiernos de los Veintisiete. La regularización de personas migrantes chocaría frontalmente con la orientación de este punto del acuerdo. De todos modos, cabe recordar que, al menos legalmente, nada impediría tramitar la ILP.

“Las personas que están pendientes de regularizar su situación pueden verse afectadas, pero creemos que el problema fundamental lo tienen las que van a llegar. El pacto pretende reforzar y externalizar las fronteras, no contempla en ningún caso el fortalecimiento de las vías legales y seguras para proteger la vida y los derechos de la gente”, denuncian desde la federación de entidades sociales Red Acoge. Los distintos colectivos han presentado alegaciones para que la implementación del convenio no vulnere el principio de no devolución ni cuestione el derecho de asilo y esperan que “las propuestas más agresivas” queden fuera del texto. El primer borrador –”bastante genérico”– ignoró estas sugerencias.

Por todo ello, tanto los promotores de la ILP, como Estrella Galán y otras voces consultadas subrayan la importancia de que la regularización se consume antes de que entre en vigor el pacto. El problema no lo encuentran –insisten– en que exista algún tipo de impedimento a nivel legal, sino en que se convertiría en una especie de herramienta arrojadiza más contra la iniciativa, toda vez, y eso nadie lo duda, que la concepción de las migraciones que subyace en el pacto es radicalmente opuesta a la que motivó la ILP.

La batalla podría saltar al plano económico

Los países de la UE han tenido que enviar en los últimos meses una primera hoja de ruta para explicar cómo piensan implementar el pacto. Las fuentes consultadas por este diario coinciden al calificar de “tibio” y “peligroso” el texto español, pese a reconocer su “excepcionalidad” en el panorama europeo. “Las políticas migratorias de nuestros países vecinos son totalmente contrarias, caminan en otra dirección”, advierten. Hungría, Polonia y otros países gobernados por la extrema derecha podrían presentar objeciones formales contra una iniciativa como la ILP, alegando que “puede producir efecto llamada” y, por lo tanto, atentar contra el espíritu del acuerdo comunitario. La Comisión Europea suscribe esta tesis en varios estudios recientes.

Las tensiones en el plano económico también amenazan con torpedear la regularización de, al menos, medio millón de personas migrantes. El Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para el período 2021/2027 con el que trabaja la UE premia la cofinanciación de aquellos proyectos que “promuevan la eficacia de la gestión de los flujos migratorios” y el desarrollo de la política común en materia de asilo y migración. La partida está dotada con casi 10.000 millones de euros.

La Comisión Europea podría aumentar los recursos que reciben las propuestas alineadas con las prioridades del pacto migratorio, según fuentes de Bruselas. “España se arriesga a recibir menos dinero si promueve la implementación de la ILP al mismo tiempo que refuerza y externaliza el control fronterizo. Europa pondrá el foco –y los fondos– en aquellos proyectos que respalden la política común en las líneas que plantea el pacto. Las regularizaciones extraordinarias van a interpretarse probablemente en otro sentido“, desliza Alberto Ares. La disposición número 21 permite reorientar hasta un 21% de los fondos de Frontex hacia programas de integración local. La ILP tendría la opción de recibir dinero por esta vía.

Fotografía fija en el Congreso… ¿y algo más?

De todas formas, hay algo en lo que insisten todas las fuentes conocedoras de las negociaciones parlamentarias consultadas. Lo primordial es que haya voluntad dentro del Congreso para empujar hacia adelante la ILP. Público ya informó de que en los diálogos para avanzar en unos eventuales Presupuestos Generales podría tomar protagonismo la regularización y que incluso podría llegar a ser utilizada como moneda de cambio por parte de alguna de las fuerzas políticas progresistas de la Cámara, como exigencia para aprobar las cuentas públicas. Está por ver si algún partido la prioriza.

Las conversaciones en torno a la ILP llevan semanas produciéndose entre bambalinas, pero este próximo martes las distintas formaciones de la Cámara Baja tendrán que pronunciarse en público. Podemos defenderá una proposición no de ley (PNL) en el Pleno del Congreso a favor de la regularización que, si bien no tendrá ningún efecto jurídico –las PNL no son vinculantes–, sí que ofrecerá una fotografía fija de cómo están las cosas. Hay partidos como el PNV que ya han deslizado que no ven sentido a la ILP una vez aprobado el nuevo Reglamento de Extranjería –que ya incrementa las facilidades para obtener los papeles– y otros, como el PP o Junts, que han mantenido desde el primer día un perfil bajo.

Las votaciones, que se producirán el miércoles, demostrarán cuánta parte del camino se ha recorrido, cuánta queda por recorrer y, sobre todo, si la ILP sigue teniendo posibilidades. La sensación general entre las izquierdas es que el PSOE la está dejando caer, algo que los socialistas han negado una y otra vez en conversación con este medio.

Con todo, Alberto Ares, director del Servicio Jesuita a Refugiados en Bruselas, subraya una idea: “España podría sentar un precedente para otros países del sur de Europa con la regularización“. En un acto celebrado este jueves en Madrid en el que varias figuras de la izquierda alternativa europea dialogaron sobre qué respuesta debe darse a la ola reaccionaria que está liderando Trump, Estrella Galán defendió, en esa misma línea, que “la izquierda debe ser valiente”, en especial “en campos como el de las migraciones”. Dijo que gran parte de la culpa del avance de la ultraderecha tiene que ver con las actitudes “timoratas” por parte de las izquierdas. Por eso da un toque de atención a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a la que apremia para que, también desde su posición, facilite la tramitación de la regularización.

Fuente: publico.es