Hace un mes murieron más de 100 migrantes frente a la costa de Calabria tras naufragar la embarcación con la que intentaban llegar a Italia. Un país que, mientras enterraba los cadáveres, endurecía sus medidas contra los barcos de rescate. La tragedia es síntoma de un panorama generalizado en Europa que revela su enorme división en torno a la cuestión migratoria y su incapacidad para dar una solución a los países más afectados por las llegadas y para proteger, a la vez, los derechos humanos de los migrantes.

El dedo acusador de las voces críticas señala a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a la que achacan un discurso antiinmigración y unas medidas restrictivas que criminalizan a las ONG que colaboran en el rescate y atención de los afectados.

El gobierno de Meloni, en efecto, ha aprobado un decreto que persigue a los barcos de salvamento y limita sus actuaciones, aboga por detener todas las salidas de migrantes hacia Italia, pide una mayor intervención de Frontex a la hora de gestionar las fronteras europeas y responsabiliza a los traficantes de personas de todas las tragedias que les ocurren a los migrantes. La fiscalía italiana ha puesto en marcha una investigación para determinar si la tragedia pudo ser evitada y si se cometieron negligencias en el sistema de alerta y rescate.

Sin embargo, los expertos consultados señalan que es hipócrita que Europa mire con horror a Italia y sus políticas. Como si Reino Unido no estuviese intentando sacar adelante la normativa que le permitiría mandar a sus migrantes a Ruanda y el primer ministro británico, Rishi Sunak, no hubiese asegurado que se impedirá que las personas que lleguen por mar pidan asilo. Como si Francia no tuviese cerrados nueve de sus pasos fronterizos con España para evitar, entre otras cosas, que los magrebíes que han entrado ilegalmente a España lleguen a su territorio, en una medida que está contemplada para casos excepcionales, y que lleva tres años implementada. Como si en Dinamarca no se acabase de alcanzar un acuerdo para reubicar a los solicitantes de asilo en otros países fuera de la Unión Europea, con las siguientes declaraciones del portavoz del gobierno danés, Rasmus Stoklund: “Si solicitas asilo en Dinamarca, sabes que te enviarán a un país fuera de Europa y, por tanto, esperamos que la gente deje de buscar asilo en Dinamarca”.

La Comisión Europea ha criticado todas y cada una de estas medidas. Como si la Unión Europea no estuviera apostando mayoritariamente por la externalización de las fronteras y el refuerzo militarizado de la gestión del control migratorio.

La realidad es que es complejo repartir responsabilidades. La situación de países como España, Italia, Grecia o Portugal, que son el punto de entrada de muchos migrantes a la Unión Europea, se vuelve cada vez más difícil. Mientras, el resto de países miran hacia otro lado, lidian con sus propias complicaciones en materia de migración e insisten en que hay que cumplir el Reglamento de Dublín, una norma de la Unión Europea aprobada en 2013 que establece que el primer país europeo al que haya llegado un inmigrante es el responsable de gestionar su proceso de regularización o asilo, lo que supone una carga desproporcionada para los del sur.

Lo que se necesitaría, creen los expertos, es un consenso entre todos los países que consiga un reparto más equitativo de los migrantes y que abra vías legales y más flexibles que ordenen la llegada de los migrantes y reduzcan el tránsito irregular.

Justo eso es lo que estaba sobre la mesa con el Pacto de Migración y Asilo, un espacio de negociación para encontrar las mejores soluciones compuesto por una serie de documentos en los que se recogen diferentes propuestas y que está desde 2020 como la voluntad de Europa de atajar el problema: congelado.

¿Qué le pasa a Europa?

Los expertos están de acuerdo en una cosa: la Unión Europea está dividida en torno a la migración, pero no puede ignorar el problema.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Alberto Ares, director del JRS Europe (Servicio Jesuita a Refugiados) e investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia de Comillas, explica la evolución.

Antes había división entre los países del norte, que abogaban por una externalización de las fronteras; los países del este, más restrictivos, que querían un control férreo de las fronteras; y los países del sur, más proclives a la acogida y a intentar implementar medidas de integración y de reparto.

Sin embargo, el aumento de la llegada de migrantes, la crisis de Bielorrusia (en la que la migración ha sido instrumentalizada) y el auge del populismo, entre otros factores, han transformado el panorama y se han creado alianzas que antes eran impensables, señala Ares. Los países del sur, que abogan por la acogida pero con un sistema de reparto, como Portugal o Alemania, se han quedado cada vez más solos frente a los que han radicalizado su discurso, como Italia. Países tradicionalmente proclives a la integración, como Suecia o Dinamarca, coinciden ahora en discursos que presentan la inmigración como una amenaza a la identidad nacional, al mercado laboral y a la convivencia social.

“El Sur y el Este se sienten abandonados, mientras que los países interiores creen que el Reglamento de Dublín establece ya obligaciones muy concretas para los países de acogida”, explica Gonzalo Fanjul, director de análisis del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y de la Fundación PorCausa.

Esto ha acentuado la incapacidad de la Unión Europea para ponerse de acuerdo a la hora de abordar la cuestión migratoria. El Pacto es un reflejo de esa división, explica Ares, y solo parece alcanzar acuerdos para reforzar el control de las fronteras.

Fanjul coincide: “El único punto en el que hay consenso y se ha avanzado es en el de blindar las fronteras exteriores mediante acuerdos con terceros y convertir a Frontex en un elemento fundamental”.

La propuesta de la Comisión Europea para el Pacto contempla la eliminación del Reglamento de Dublín. El problema es que propone su sustitución por un mecanismo que no obliga a los países a acoger a migrantes que han llegado a otros Estados, pero sí a compensar de otra manera.

“En términos generales, el sistema de solidaridad propuesto deja en un segundo plano la protección de las personas, poniendo un foco especial en las cuestiones relativas al retorno, y supone una oportunidad perdida para el establecimiento de un mecanismo obligatorio de reubicación que dé respuesta a la situación de presión en los países frontera exterior”, valora la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en un informe.

En líneas generales, lo que el Pacto propone, según asegura tajante Ares, es: “Más seguridad, más fronteras, menos corresponsabilidad”.

El problema del Pacto está en lo que no propone

Los expertos echan en falta un desarrollo más amplio de lo que consideran que supondría la verdadera solución para la cuestión migratoria: un mayor foco en la migración laboral, la apertura de vías legales y un reparto equitativo de la responsabilidad de acogida.

Al fin y al cabo, la mayoría de las medidas está centrada en las personas que entran de forma ilegal, pero la realidad es que este fenómeno no es el grueso de la migración irregular en Europa, por lo que la idea de reforzar las fronteras no está dirigida a solucionar el origen del problema.

La mayor parte de los migrantes entran de forma legal y se ven sometidos a lo que se conoce como irregularidad sobrevenida una vez están ya en el país. “La mayoría de los inmigrantes irregulares entran legalmente en la UE con visados de corta duración, pero permanecen en ella por motivos económicos una vez caduca su visado”, sostiene la Comisión Europea en un informe.

“Lo que supondría un cambio son las vías legales y seguras de migración: les damos una oportunidad y, además, es que necesitamos que vengan”, sostiene Fanjul, refiriéndose a la crisis demográfica que atraviesa Europa y a la necesidad de mano de obra en determinados sectores.

Fanjul ya explicó con anterioridad a Aceprensa que “la política migratoria debe tener en cuenta que lo que barre cualquier otro factor es la expectativa de ingreso y la posibilidad de empleo. Si un país cumple esos requisitos, nadie puede impedir que vengan”. Facilitar las vías legales supondría reducir las llegadas por mar (y, por tanto, la migración irregular y las tragedias) y obstaculizaría la acción criminal de las mafias y los traficantes.

“Este trágico naufragio es un doloroso recordatorio de cómo las políticas migratorias restrictivas no impedirán que personas desesperadas huyan. La gente seguirá arriesgando su vida porque a menudo no tienen otra opción”, afirma también Sergio Di Dato, coordinador de Médicos sin Fronteras en Italia tras el naufragio de Calabaria. “El gobierno de Italia, la UE y sus estados miembro deben dejar de criminalizar a la migración y a la ayuda humanitaria. En su lugar, deben centrarse en proporcionar vías seguras y legales adecuadas para migrar y mecanismos mejorados para asistir y proteger a los migrantes y refugiados”, concluye.

Ares coincide y asegura que las vías legales son las grandes ausentes y también echa de menos una gestión diferente de la frontera: “Es imposible que en la frontera se pida el asilo, que se evalúe bien el proceso, no hay gente preparada para ello”.

Respecto a la migración laboral, Fanjul lamenta que no haya más interés por crear una directiva común, y señala que cada país está estableciendo sus propias normas para atraer talento migrante. “La única cuestión en la que ha habido consenso es en la medida de la Tarjeta Azul para captar perfiles altamente cualificados”, señala, haciendo notar la ausencia de medidas conjuntas para otros niveles de formación.

Europa sí quiere, puede. Y la guerra en Ucrania lo demuestra

“La UE ha demostrado ser capaz de reaccionar con rapidez, solidaridad concreta y una coordinación eficaz. La activación sin precedentes de la Directiva de protección temporal y la acogida de tantos europeos a las personas que huyen de Ucrania ha sido una vívida demostración de los valores europeos. La actuación práctica y directa sobre el terreno mostró cómo la UE ayuda tanto a las personas que necesitan protección como a los Estados miembros bajo presión”, dice un documento de la Comisión Europea que valora la respuesta de la Unión Europa a la crisis de refugiados provocada por la guerra en Ucrania.

Lo cierto es que los países se han movilizado en una solidaridad sin precedentes para acoger a las personas que huyen del país invadido por Rusia y han sido capaces de coordinarse para garantizar una respuesta conjunta que apoye a los países más presionados, como Polonia.

Las acciones no han estado exentas de críticas, como las de las voces que han hecho notar las diferencias con la crisis de Siria en 2015 y señalan que, para la UE, parece haber migrantes “de primera y de segunda”. Y habrá que ver qué pasa con la población ucraniana acogida una vez pase el tiempo y la situación se vaya complicando.

Sin embargo, el fenómeno demuestra una realidad: Europa si quiere, puede.

El Pacto no es un reflejo de lo que Europa debe y es capaz de hacer, creen los expertos, pero podría serlo. España asumirá el 1 de julio la presidencia del Consejo de la Unión Europea hasta el 31 de diciembre y lo hará poniendo un foco especial en el Pacto de Migración y Asilo, según ha asegurado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha emprendido hoy un viaje a Chipre, Malta e Italia en el que t5ne previsto abordar la cuestión con estos tres países.

Está por ver si será posible sacar adelante un acuerdo que satisfaga a todos los implicados y que esté a la altura de los valores europeos. Mientras, 25.413 personas han muerto en el Mediterráneo desde 2014.

 

Fuente: aceprensa.com