El partido Se Acabó la Fiesta, liderado por el eurodiputado Luis “Alvise” Pérez, ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Ceuta por la presunta comisión de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y explotación sexual de menores.

La formación reclama la apertura urgente de diligencias para identificar a los responsables, localizar las viviendas supuestamente utilizadas y, sobre todo, encontrar y proteger a las posibles víctimas.

Contenido del escrito presentado en Ceuta

El escrito, fechado en Ceuta el 31 de agosto, aparece firmado digitalmente por Luis Pérez Fernández —nombre completo de Alvise Pérez— y solicita que la investigación sea asumida por la Sección de Violencia sobre la Mujer o, en su defecto, por el órgano judicial que resulte competente tras el correspondiente reparto.

La denuncia se dirige contra todas las personas físicas o jurídicas que pudieran estar implicadas, dado que todavía se desconoce la identidad de quienes presuntamente captan a las menores, gestionan los inmuebles, coordinan la actividad, la financian o se lucran de ella.

Indicios detectados por la Policía Nacional

Según recoge el documento presentado por SALF, la Policía Nacional habría detectado en Ceuta varias viviendas utilizadas presuntamente para la explotación sexual de niñas menores de edad llegadas a la ciudad durante la entrada masiva registrada a finales de julio de 2026.

La gravedad de los indicios habría provocado el desplazamiento de un equipo especializado de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, la UCRIF, para asumir la investigación.

El mecanismo de captación descrito en la denuncia

El mecanismo descrito en la denuncia resulta especialmente alarmante. Las menores serían captadas una vez que ya se encuentran en territorio español, aprovechando su absoluta vulnerabilidad y la ausencia de familiares o adultos responsables.

Los presuntos explotadores les ofrecerían inicialmente alimentos, alojamiento y protección para cubrir sus necesidades más básicas.

Una vez establecida esa relación de dependencia, las niñas serían conducidas a determinados domicilios en los que, presuntamente, serían obligadas o inducidas a ejercer la prostitución.

El ofrecimiento de ayuda funcionaría, por tanto, como un reclamo para atraer a menores extranjeras que llegan solas, sin recursos económicos y sin una red familiar capaz de protegerlas.

Aumento de viviendas y desconocimiento del alcance real

La formación de Alvise advierte de que el número de viviendas supuestamente detectadas estaría aumentando y que todavía se desconoce la dimensión real de la trama. Tampoco se sabe cuántas menores podrían haber caído en manos de estas redes ni dónde se encuentran actualmente.

La denuncia reconoce expresamente que SALF desconoce la identidad y el paradero de las víctimas, la ubicación exacta de los inmuebles y los nombres de los responsables. Precisamente por ello, pide que sean los tribunales y las unidades policiales especializadas quienes determinen esos extremos durante la instrucción.

Posibles delitos según el Código Penal

Desde el punto de vista penal, el escrito sostiene que los hechos podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, recogido en el artículo 177 bis del Código Penal.

Cuando las víctimas son menores, recuerda la denuncia, no resulta necesario demostrar que existieron violencia, intimidación o engaño. Bastaría con acreditar la captación, el traslado o el acogimiento de las niñas con la finalidad de explotarlas.

También se plantea la posible existencia de un delito de explotación sexual de menores del artículo 188, que castiga a quienes inducen, promueven, favorecen o facilitan la prostitución de una persona menor de edad, así como a quienes obtienen beneficios económicos de esa explotación.

Responsabilidad de quienes ceden viviendas

Las responsabilidades podrían alcanzar igualmente a quienes hubieran cedido viviendas conociendo el uso al que iban a ser destinadas. La formación considera que estas personas podrían haber facilitado la explotación sexual o cooperado de manera necesaria con las redes de trata.

Alvise solicita que el Tribunal reclame a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta y a la UCRIF todas las diligencias policiales abiertas, un informe detallado sobre el estado de la investigación y la relación de medidas de protección adoptadas respecto de las víctimas que hayan podido ser identificadas.

El escrito pide también la intervención inmediata del Ministerio Fiscal y de su Sección de Menores, con el objetivo de activar todos los mecanismos legales disponibles para proteger a las niñas.

Información solicitada a la Ciudad Autónoma de Ceuta

Otra de las diligencias solicitadas afecta directamente a la Ciudad Autónoma de Ceuta. SALF quiere conocer el número de menores extranjeros no acompañados registrados desde el 30 de julio, cuántos han abandonado sin justificación los dispositivos de acogida y qué actuaciones se han realizado para localizarlos.

La denuncia solicita además información a la Dirección General de la Policía sobre las inscripciones efectuadas en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados durante julio y agosto.

También reclama que declaren los responsables de los centros de acogida para explicar las desapariciones o ausencias registradas y cualquier información disponible sobre posibles captaciones en las proximidades de esos dispositivos.

Obligación del Estado según el TEDH

El partido invoca la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para recordar que el Estado tiene la obligación de investigar de oficio cualquier indicio creíble de trata.

Esta obligación, subraya, resulta todavía más intensa cuando las víctimas son menores, extranjeras, carecen de familiares y difícilmente pueden presentarse por sí mismas ante una comisaría o un juzgado.

Además de formular la denuncia, Se Acabó la Fiesta anuncia su intención de ejercer la acción popular y personarse en el procedimiento mediante la presentación de la correspondiente querella.

La formación se muestra dispuesta a prestar la fianza que determine el tribunal y a respetar todas las medidas necesarias para preservar la intimidad de las menores.

Una trama que aprovecha el caos y la vulnerabilidad

La iniciativa judicial impulsada por Alvise sitúa ahora el foco sobre una de las consecuencias más terribles de la crisis vivida en Ceuta: la posibilidad de que organizaciones criminales hayan aprovechado el caos, la desprotección y la vulnerabilidad de niñas recién llegadas para convertirlas en mercancía sexual.

Será la investigación judicial la que determine el alcance real de los hechos y las eventuales responsabilidades penales. Entretanto, la prioridad solicitada por los denunciantes es inequívoca: encontrar a las menores, ponerlas a salvo y desmantelar cualquier estructura dedicada a su explotación.

 

Fuente: eldistrito.es