La letrada de la ONG Coordinadora de Barrios recurrió, junto a Fundación Raíces, la devolución de menores desde Ceuta y logró su suspensión judicial. Ahora, Pedro Sánchez y el presidente de Ceuta han pactado expulsarlos por la “vía” que marca la Ley.
La abogada de la asociación Coordinadora de Barrios Patricia Fernández Vicens (Madrid, 1977) emprendió el 15 de agosto junto a la ONG Fundación Raíces una batalla judicial para frenar la devolución de niños migrantes marroquíes que estaban solos en Ceuta desde mayo en situación de acogida. Tras comprobar cómo las primeras furgonetas se llevaban a los chavales de 15 en 15 al otro lado de la frontera acudieron al juzgado para impugnar esas devoluciones. Tras lograr su paralización por orden judicial, el acuerdo alcanzado por Pedro Sánchez y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, este miércoles en La Moncloa, para retornar a los niños “cumpliendo la ley” le suena a confesión pública. Pronostica que ambos gobiernos “volverán a vulnerar sus derechos”.
A su juicio, el primer paso para incoar expedientes que de verdad miren por el interés superior de los menores respetando las leyes españolas y la normativa internacional pasa por garantizarles una acogida “digna”, algo que sólo puede hacerse con “traslados a la península”. Una opción que ni el Gobierno central ni el de la Ciudad Autónoma contemplan.
“Retornos asistidos”, devoluciones, expulsiones, repatriaciones, deportaciones… ¿Cuál es a su juicio el nombre apropiado para denominar lo que hizo el Gobierno central y el de España con los 55 menores expulsados a Marruecos entre el 13 y el 16 de agosto?
Como lo que se hizo es ilegal, no existe un nombre correcto. El procedimiento que contempla la Ley de Extranjería es la reagrupación familiar de menores, pero esto no lo era. Fue una pura expulsión.
¿Al presentar la primera solicitud de medidas cautelarísimas de suspensión de las devoluciones creía que las autoridades tardarían nueve días en asumir que su proceder era irregular?
Nosotros teníamos la certeza de que nos asistía la razón jurídica y la razón moral, pero jugaba en nuestra contra la urgencia y nos preocupaba la mala fe con la que actuó el Gobierno y la falta de compromiso de otros agentes como la Fiscalía o el Servicio de Protección de Menores de Ceuta, pero sí teníamos confianza en obtener justicia cautelar.
¿Le sorprendió la contundencia del segundo auto de suspensión provisional de las expulsiones?
Contiene razonamientos jurídicos impecables y valoramos que la Fiscalía apoyase nuestra solicitud.
¿El Ministerio Público tendría que haber tomado la iniciativa para pedir la paralización del procedimiento?
Sin duda. Estamos hablando de niñas y niños sin tutor legal en medio de un conflicto de intereses entre los menores que no quieren ser retornados y la entidad que ejerce su guarda, la ciudad autónoma. Ambas circunstancias ameritaban que la Fiscalía hubiese promovido la suspensión de las expulsiones. Es cierto que quizá al principio ignoraban las condiciones en las que se producían, pero el lunes consideró que ya era su responsabilidad.
¿Qué le ha parecido la insistencia de Interior y el Gobierno de Ceuta en defender su actuación?
Eso sí que me ha parecido sorprendente. Dice el refrán que de sabios es errar y de necios porfiar en el error. El empeño de ambos agentes carecía de cualquier tipo de soporte o base jurídica. En 2006 o 2007 no había un procedimiento reglado y estos mismos hechos no hubiesen sido legales o justos, pero habría cabido un argumento jurídico.
Ahora, con las sentencias del Tribunal Constitucional que obligaron a cambiar la Ley y el Reglamento de Extranjería en un procedimiento promovido por la Coordinadora de Barrios, intentar cargarse toda nuestra arquitectura legal de protección a la infancia sólo se entiende desde un profundo desprecio por los derechos de los niños, que no son vistos como tales, como sujetos de protección, sino como un problema político a solucionar, tal y como han reiterado este martes Pedro Sánchez y Juan Vivas.
Dicen que aceptan cambiar de formas pero mantienen el fondo: hay que devolver a todos los menores alegando que eso es lo mejor mirando por su supuesto interés superiores
Porfían en su intención de seguir vulnerando los derechos de esos niños. No puede adoptarse una medida general. Podrían decir que evaluarán sus necesidades individuales para valorar si procede o no repatriarlos a Marruecos. Sería impecable. Afirmar que ‘devolveremos a los menores’ supone manifestar públicamente que se volverán a vulnerar sus derechos a pesar de que ya sabemos que un número importante no pueden ser retornados por las dificultades en las que viven allí. Su presupuesto de base es: ignoramos sus necesidades y atendemos exclusivamente a criterios de políticas de control de fronteras.
Lo primero que deberían hacer ahora las autoridades españolas para cumplir la Ley es recabar información en Marruecos sobre las circunstancias en las que estaban allí.
Lo primero es informar a cada niño de que se va a iniciar un procedimiento de repatriación y, si lo rechaza, nombrarle un defensor judicial para iniciar el procedimiento, algo que puede hacer la Delegación del Gobierno o el Servicio de Protección de Menores de la Ciudad. A partir de ahí se deben recabar informes a través de Exteriores sobre la situación de su familia y en su país de origen. También dar trámite de alegaciones, practicar pruebas, recabar informes y resolver en no más de 6 meses sobre si atendiendo al interés superior del menor procede su retorno, su derivación a un tercer país o su permanencia en España.
Hasta ahora el Gobierno de Ceuta alegaba que aplicando la Ley es “imposible” culminar una repatriación. ¿Es cierto?
No. Cuando se ha intentado o bien los informes preceptivos no han sido favorables o bien… No vale decir que aplicando las garantías no es posible conseguir el objetivo y que, entonces, hay que laminarlas. El resumen de lo que dice el Gobierno es que está dispuesto a saltarse la ley para conseguir repatriaciones aunque ello suponga vulnerar derechos.
Vivas y Sánchez han prometido poner los recursos que haga falta para tramitar los expedientes que se incoen lo más rápido posible. ¿Adónde deberían ir esos medios mirando por el interés superior de los menores migrantes solos acogidos en Ceuta?
Si se quiere de verdad hacer una evaluación individual de repatriación lo primero es garantizar una acogida digna. Si el niño no está bien atendido no va a tener confianza para confesar que ha sido víctima de maltrato familiar, de trata, de explotación sexual… O que estaba fenomenal en su casa. Esa acogida no es factible en Ceuta, hacen falta traslados a la península, porque además no obstaculizan que los expedientes concluyan que lo mejor es su retorno. Se quiere mantenerlos en la ciudad autónoma para echarlos por la frontera cuando convenga con medidas expeditas sin garantías. No vale mantener a los niños en muy malas condiciones para decir que, dado que se encuentran tan mal, lo mejor es su repatriación. No vale maltratarlos para utilizarlo como excusa.
¿Qué pasará con los menores que cumplan 18 años durante este periodo de tramitación de expedientes que se anuncia?
La legislación dice que a todos los menores que están en España se les debe tramitar el permiso de residencia. Si entonces cumplen los 18 años siguen siendo personas en situación regular, pero entonces ya no cabe el procedimiento de repatriación familiar.
¿Marruecos podría dificultar la finalización de los expedientes si no facilita su documentación?
El procedimiento se activó en el marco del intento de restaurar las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, que acaba de romper con Argelia y no puede estar enfrentado a todos sus vecinos. El país vecino tensa la cuerda a su conveniencia, pero sorprende que ahora España diga que confía en él para tutelar y atender a estos niños cuando hace dos meses criticábamos que los había utilizado para hacernos chantaje político.
¿Devolveríamos a un menor a unos padres que han arrojado a hijo al mar o cuestionaríamos su capacidad para ejercer su tutela? El Estado marroquí podría volver a usarlos dificultando su retorno, poniendo condiciones imposibles o, al contrario, facilitando incluso las de quienes no cumplan las condiciones: qué va a pasar con los menores LGTB o transexuales, con los que son miembros del Hirak y huyen de la represión… ¿También los vamos a devolver?
¿Los menores han tenido oportunidad de pedir protección internacional en Ceuta?
Sabemos que hay un grupo que lo ha hecho, pero también que otro importante sigue pendiente de formalizar su solicitud y otros muchos que ni siquiera han podido recibir información sobre el procedimiento. Hasta que todo eso no se haya hecho plantear cualquier repatriación es absolutamente ilegal.
¿Cree que la actuación de los gobiernos de Sánchez y Vivas es susceptible también de reproche por la vía penal?
Si porfían en vulnerar el derecho de esos niños a asistencia letrada o a tener un defensor judicial, por doloso, sí. El Código Penal contempla el delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales. También está ahí el de prevaricación, pero yo creo que habría incluso otro previo.
El ministro de Interior ha querido lavarse las manos tras la actuación realizada. ¿Usted tiene claro quién ha sido el responsable de las 55 expulsiones consumadas al margen de la ley?
La competencia para ordenar y ejecutar los retornos a Marruecos es de la Delegación del Gobierno, que actúa por delegación del Ministerio de Interior. Hay documentación que acredita que ha sido este último el que dio la orden a través de la Secretaría de Estado de Seguridad. La Vicepresidencia Primera del Gobierno de Ceuta pidió activar el Acuerdo con Marruecos. Eso no la convierte en responsable jurídico, aunque nunca debió consentir que niños bajo su guarda fuesen sacados de los recursos de asistencia sin una evaluación pormenorizada e individual.
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