Explotación, guerras, pobreza, empleo, amor, reagrupación familiar… Son muchos los motivos por los que las personas deciden migrar, irse de su lugar de origen y emprender un nuevo camino. Sin embargo, no todas tienen la misma suerte ni las mismas facilidades. El lugar de nacimiento y destino resultan determinantes.

“Ahora no hay distinción entre el refugiado y el inmigrante económico, por ejemplo, porque ninguno de los dos tiene la posibilidad de cruzar la frontera”, explica Concepción Anguita, profesora en la UCM y especializada en el tráfico de personas y organizaciones criminales. La falta de visados, las políticas migratorias o la ausencia de rutas seguras hacen que aumente el número de llegadas efectuadas por cauces irregulares en los que se pone en peligro la integridad y la seguridad de las personas. De esta forma, las mafias siguen activas y se aprovechan de este deseo o necesidad para que les organicen el viaje o les ayuden con la documentación.

“Es un efecto colateral de la política migratoria”, dice María Jesús Vega, de ACNUR. Algo en lo que coincide Carlos Escaño, responsable de campañas de derechos humanos de Amnistía Internacional España, quien explica que las políticas de la “Europa fortaleza” son cada vez más “crueles e insolidarias”. Eso sí, apunta que eso no pasa con cualquier inmigrante: “Se podría hablar de racismo institucional, porque solo ocurre cuando vienen de África y por mar, pero cambia si vienen de otros lugares, como Europa, y en avión”.

Esta política migratoria se observa en España, uno de los países que forman la llamada Frontera Sur de la UE, siendo un punto de acceso al continente. Una de las rutas es la de África Occidental, en la que parten de Marruecos, el Sáhara Occidental, Mauritania, Senegal o Gambia hacia las Islas Canarias, y es una de las más mortíferas. Según datos proporcionados por la Organización Internacional para las Migraciones, a 21 de julio de 2024, las autoridades españolas registraron 26.191 llegadas por vía marítima, de las que el 78% fueron a Canarias. Esto supone casi el mismo número de llegadas por mar que hubo en el 2019 (26.168), mientras que en el 2023 se dobló esta cifra, alcanzando las 57.071.

Cabe señalar que en el año 2023 llegaron a Canarias 39.910, multiplicando las de 2022, cuando fueron 15.682. Pero a España también llegan inmigrantes a través de la ruta del Mediterráneo Occidental (a Ceuta y Melilla desde el norte de África) o a las Islas Baleares. Sin embargo, predominan las llegadas por mar a Canarias.

Pero no todos consiguen llegar, la OIM estima que unas 800 personas mueren cada año intentando llegar a España por estas vías, aunque estos datos no son 100% fiables, ya que no se tienen en cuenta los desaparecidos, por ejemplo. El colectivo Caminando Fronteras, en cambio, sí que incluye las embarcaciones desaparecidas, por lo que la cifra suele subir (por ejemplo, en el 2021 contabilizaron 2.000 muertes y no 800, como la OIM).

Ante este panorama y la falta de alternativas, quienes salen realmente beneficiadas son las mafias que trafican con inmigrantes. Estas organizaciones son cada vez más complejas y están caracterizadas por su profesionalización, tal y como explican Andrea di Nicola y Giampolo Musumeci en “Confesiones de un traficante de personas” (Editorial altamarea). Debido a ello, es muy difícil precisar el dinero que se mueve, el número de personas que recurren a ello y la información es dispersa e incompleta. Esto se debe a su clandestinidad, el blanqueo de dinero y porque es habitual que realicen otras actividades ilícitas como la trata de personas, el tráfico de armas o de droga.

Para que el negocio funcione, es necesario crear una gran red de contactos que se coordinen de forma flexible. De hecho, suele ser un conglomerado de pequeñas organizaciones que se dividen según cada etapa del viaje. “Buscan a gente local para crear pequeñas células, de forma que es más difícil interceptarles”, cuenta Anguita.

Según la investigación de Di Nicola y Musumeci, para comprender su funcionamiento hay que entender que buscan aumentar su eficiencia a través de la diversificación de tareas y responsabilidades, separando los roles y asignando funciones específicas para protegerse y facturar más dinero. Dentro de la organización, hay diferentes eslabones que conforman la cadena del tráfico: del organizador al inversor, el reclutador, conductores, proveedores, políticos o funcionarios corruptos.

Esta actividad se puede dividir en tres fases. La primera es el reclutamiento, que suele ser de boca en boca, aunque Internet y las redes sociales cada vez ganan más peso. A continuación está el traslado, el momento más complicado, ya que depende de la ruta, el número de fronteras, el dinero de la persona… y de eso también depende la seguridad. La forma más segura es viajar en avión, aunque también es la más cara. Y la más barata es hacerlo en embarcaciones precarias donde hay mucho más riesgo, por lo que la capacidad económica juega un papel primordial.

“Si al llegar les queda algo por pagar a los traficantes, tienen que saldar esa deuda, por lo que pueden acabar condenados a la explotación”

La última fase es la entrada en el país de destino, la más importante para el traficante, ya que supone el éxito o no. Pero a veces la vinculación con el grupo criminal no termina aquí, ya que al llegar caben dos posibilidades: que hayan pagado el 100% de su viaje o no. “Algunos inician el viaje aceptando acceder de forma irregular a un país, pero luego, en el proceso, se ven engañados, intimidados o forzados a una situación de explotación”, explican desde la OIM. “Si al llegar les queda algo por pagar a los traficantes, tienen que saldar esa deuda, por lo que es muy probable que acaben condenados a la explotación”, dice Anguita.

De la inversión en desarrollo a crear rutas seguras

Esto acaba acarreando graves consecuencias, no solo para los inmigrantes y sus entornos, sino también para los países de origen, tránsito y destino. La pérdida de confianza en los funcionarios por su posible implicación en la trama, el endeudamiento de las familias, el reclutamiento de personas locales o la falta de preparación jurídica para hacer frente al tráfico ilícito de migrantes, son algunas de ellas.

“Tanto las medidas como las consecuencias se tienen que dar en los diferentes puntos de la ruta, porque si no sería simplemente poner parches”, aseguran desde ACNUR. A pesar de que las soluciones no son sencillas debido a la complejidad del problema (desde abordar las causas de la inmigración a todo lo que conlleva como el tráfico), una de las medidas más repetidas es “invertir en la resolución y prevención de conflictos” y en el “desarrollo sostenible de los pueblos y ciudades”, como apunta Anguita.

Para Hein de Hass, codirector del Instituto Internacional de Migración de la Universidad de Oxford, esto es un mito que se basa en la idea de que “la migración del Sur al Norte está impulsada por la pobreza y la desigualdad”. Según explicó en una entrevista a este medio, “la emigración aumenta a medida que los países pobres se vuelven más ricos”, ya que el desarrollo tiende a aumentar las capacidades y las personas para migrar.

Más allá de la inversión, la información acerca de los peligros, posibilidades y entresijos que rodean a la inmigración tiene un papel fundamental. “Se deberían hacer labores de concienciación y hablar de los riesgos, porque los que llegan a España habiéndolo pasado mal, solo van a contar a sus conocidos la parte buena, creando un efecto llamada. Además de garantizar su protección y ayuda a lo largo del recorrido”, dice Anguita. Un ejemplo de ello es el Proyecto Origen que OpenArms realiza en Senegal. Su objetivo es que “la decisión de migrar sea una decisión informada y libre que tenga en cuenta las alternativas existentes”, según recogen en su página web.

Las medidas deben ser transversales, pero esto “no sirve de nada” si en ellas no priman los derechos humanos ni se respeta el derecho internacional, como añade ACNUR. Por su parte, para la OIM, “hay que fortalecer los mecanismos transnacionales, regionales y bilaterales para compartir información e inteligencia sobre las rutas, el modus operandi y las transacciones financieras para dar respuestas conjuntas”.

Pero todos coinciden en que la mejor solución es “facilitar y crear vías legales y seguras”, y hacerlo de forma urgente, garantizando una serie de derechos y la solicitud de asilo. “Si las hubiera, no tendrían que recurrir a las mafias”, dice Escaño. Por su parte, Anguita se muestra más escéptica, como si fuera una utopía: “¿qué es una ruta segura? Se podría decir que aquella en la que a lo largo del camino la policía, las ONG y las autoridades te cuidan y estás bajo un paraguas de seguridad y derechos, pero la realidad no es así”, explica a El Confidencial.

Más allá de las cuestiones técnicas, Escaño no pierde el foco en lo que, según considera, es lo más importante: “Hay que acabar con el discurso criminalizador y de odio. Son personas, y migrar es un derecho”.

Fuente: elcofidencial.com