El padrón en disputa: el caso de Agar

En 2018, el Ayuntamiento de Madrid concedió un aval al colectivo Agar, una entidad con más de veinte años de trabajo comunitario en Lavapiés junto a personas migrantes. Este permiso permitió que dos de sus asociaciones, entre ellas Valiente Bangla, pudieran inscribir en sus locales a quienes no tenían otra forma de empadronarse. Gracias a esta vía, más de seiscientas personas lograron figurar en el padrón hasta 2024.

Lo que las asociaciones esperaban que se consolidara como un modelo estable fue interrumpido ese mismo año, cuando el consistorio decidió retirar el aval. Agar recurrió la resolución y, recientemente, un juzgado le ha dado la razón. Según la sentencia, las acusaciones de haber incumplido las condiciones o haber inscrito a demasiadas personas carecían de pruebas. El fallo también reconoce la relevancia de la labor social de estas entidades, en un barrio afectado por la turistificación y el encarecimiento de los alquileres.

Un derecho convertido en obstáculo

El colectivo Agar y la Coordinadora estatal Padrón por Derecho celebraron la decisión judicial, recordando que el acceso al padrón se niega de forma sistemática a miles de personas, en su mayoría migrantes. Esta exclusión no es menor: sin estar empadronado no se puede escolarizar a los hijos, acceder a la sanidad, solicitar ayudas o regularizar la situación administrativa.

A pesar de la claridad de la legislación, las organizaciones sociales y el Defensor del Pueblo han documentado prácticas que entorpecen este trámite: exigir documentos no obligatorios (contratos de alquiler, permisos de residencia), negar citas previas o rechazar solicitudes alegando razones sin sustento legal, como que la vivienda está sobreocupada.

Testimonios de una exclusión

La campaña de 2024 de Padrón por Derecho recogió testimonios que muestran lo que implica vivir sin padrón.

  • Judith, madre de un bebé, no pudo acceder a una escuela infantil y se vio impedida para trabajar.

  • Farzana no logró abrir una cuenta bancaria ni contratar un teléfono, porque ambos trámites requieren estar inscrita.

  • Abass, trabajador de un almacén, sufrió una lesión de espalda y el hospital le negó un parte médico por no figurar en el registro municipal.

Según Médicos del Mundo, las mujeres son las más afectadas: un 61,4 % de quienes quedaron sin atención sanitaria por falta de padrón eran trabajadoras internas, invisibilizadas y sin posibilidad de empadronarse por temor de sus empleadores.

Una oportunidad para avanzar

En una rueda de prensa conjunta, la abogada Patuca Fernández, que llevó el caso de Agar, subrayó que el padrón es un ejemplo de cómo operan las políticas restrictivas: “Empiezan con las personas migrantes, pero acaban afectando también a población autóctona en exclusión social o sin vivienda”.

Para Fernández, la sentencia representa un precedente importante: “Reconoce que el trabajo de las asociaciones es esencial y que la figura del domicilio ficticio es posible. Por tanto, hay que pedir al ayuntamiento que extienda este modelo y no que lo limite”.

El siguiente paso, según el colectivo Agar, es reforzar la coordinación con otras entidades y exigir una mesa de diálogo que garantice el acceso universal al padrón, como un derecho que abre la puerta a todos los demás.