Los graves problemas para acceder a la vivienda son estructurales y afectan a personas de todas las edades, estructuras familiares e incluso niveles de ingreso, pero que golpean con mayor intensidad a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, entre las que se encuentran muchas personas migrantes y refugiadas.

“En esta inmobiliaria no se alquila a extranjeros”, “un piso de 600€ es muy caro para una familia refugiada”, “ya tuve una mala experiencia con una familia extranjera” o “ya tengo muchas visitas de gente que trabaja” son algunas de las respuestas recibidas por personas migrantes y refugiadas a las que CEAR apoya en su proceso de encontrar un nuevo hogar en el que puedan rehacer sus vidas.

La falta de oferta, el aumento de los precios del alquiler y la especulación inmobiliaria han hecho que encontrar un hogar sea cada vez más difícil, incluso para quienes cuentan con recursos económicos medios. Sin embargo, este problema se intensifica drásticamente cuando se trata de personas migrantes y refugiadas, quienes enfrentan una serie de requisitos prácticamente imposibles de cumplir.

Barreras adicionales

El derecho a una vivienda digna y adecuada, recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 47 de la Constitución española, se ha convertido en un reto casi inalcanzable para la gran mayoría de personas migrantes y refugiadas. Entre los principales desafíos se encuentran:

  • Falta de garantías económicas y laborales: las personas migrantes y refugiadas, al llegar a un nuevo país y carecer de redes sociales y familiares, tienen dificultades para acceder a un empleo estable o para cumplir con los requisitos que exigen las personas propietarias, como avales o contratos de trabajo de larga duración.
  • Discriminación: a menudo, se enfrentan a discriminación en el acceso a la vivienda, ya sea por prejuicios xenófobos o por desconfianza hacia su situación económica.
  • Desconocimiento del mercado: la falta de redes sociales y de conocimiento sobre el mercado inmobiliario o la legislación vigente, unido a la barrera del idioma en muchos casos, complica aún más su búsqueda de un hogar adecuado.
  • Acceso limitado a políticas públicas: Aunque existen algunos programas de apoyo, la oferta de vivienda pública o subvencionada es muy limitada, y las políticas habitacionales no siempre están adaptadas a las necesidades particulares de las personas refugiadas.

Soluciones estructurales

CEAR subraya que la crisis habitacional requiere soluciones estructurales y profundas. Por este motivo, reclama medidas que beneficien no solo a las personas migrantes y refugiadas, sino a toda la población afectada por las dificultades de acceso a la vivienda. Demandas como:

  • Incrementar el parque de vivienda pública accesible para los colectivos más vulnerables, incluidas las personas refugiadas.
  • Políticas de regulación del alquiler que frenen la especulación y faciliten el acceso a viviendas asequibles.
  • Programas de apoyo y acompañamiento específico para las personas refugiadas durante su proceso de integración habitacional.
  • Sensibilización y formación para propietarios y agentes inmobiliarios a fin de combatir la discriminación en el alquiler.

En el Día Mundial del Hábitat, que se conmemoró el pasado 7 de octubre bajo el lema de la sostenibilidad y la inclusión, las Naciones Unidas insistió en que el acceso a una vivienda adecuada es clave para el bienestar de las personas y para el desarrollo de ciudades justas y resilientes. Ha llegado la hora de garantizar este derecho humano a todas las personas, sin ningún tipo de discriminaciones ni barreras. Construyamos sociedades refugio donde todas las personas puedan tener un lugar al que poder llamar hogar.

Fuente: cear.es