El director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Xabier Gómez,se ha mostrado en ‘ECCLESIA al día’ esperanzado porque la mesa del Congreso tome en consideración la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de personas migradas en situación administrativa irregular, lo que se estima podría beneficiar a unas 500.000 personas.
Será el próximo martes, 9 de abril, cuando la Mesa del Congreso de los Diputados vote la toma en consideración. En caso de salir adelante la ILP continuará su trámite parlamentario para que sea debatida en la Cámara Baja con la presencia ya de todos los diputados.
Xabier Gómez ha destacado que desde 2021 unas 700.000 personas han firmado esta iniciativa, con más de 900 entidades de la sociedad civil y de la Iglesia apoyándola: “Voy a ser optimista y mantener la esperanza para que los partidos políticos sean capaces de escuchar esta demanda ciudadana y dar una respuesta.Si esto no se toma en consideración no sé si podrán justificar ante 700.000 personas que han firmado la ILP que ni siquiera tomen en consideración el debate parlamentario”, ha advertido.
Asimismo, el responsable del Departamento de Migraciones de la CEE recuerda que de no salir adelante la ILP, aumentará el número de personas en situación irregular y “no podremos decir que en España todos somos iguales, porque uno tiene unos derechos reconocidos por su situación administrativa y otros no”, ha subrayado.
“La economía se vería reforzada”
Gómez también ha indicado que más allá del número de beneficiados, lo importante es que estas personas, muchas de ellas con familia, que llevan años trabajando en ‘B’, podrían regularizar su situación administrativa: “Es difícil a veces conseguir citas para regularizarles, las circunstancias no se facilitan, y esas personas necesitan ser atendidas, y si esa regularización se puede llevar a cabo, lo que pedimos es que el Parlamento lo debata, y se ponga en medio del debate el bien de esas personas y de la sociedad, porque si se regularizan entrarían a gozar de todos los derechos de los ciudadanos regularizados y la economía se vería reforzada porque es un aporte económico importante”, ha explicado.
Y es que como ha recalcado el sacerdote en ‘ECCLESIA al día’, “casi todo el mundo conoce a personas que trabaja en cuidados de mayores, servicio doméstico, la construcción o el campo de manera irregular”. Personas todas ellas, recuerda Xabier Gómez, “que demanda con justicia y verdad una dignidad y un trabajo seguro en condiciones de igualdad que el resto de ciudadanos, y es lo que tratamos de llevar haciendo un ejercicio de soberanía al Parlamento”.
Fuente: cope.es
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