La Delegación del Gobierno se ha empeñado en formar a nuestros policías y guardias civiles en materia de trata de personas. El organismo que encabeza Rafael García ha celebrado este martes la primera de las dos sesiones previstas en el marco de una suerte de ‘curso intensivo’ que aspira a abordar la problemática relativa al tráfico de seres humanos desde una “perspectiva de género”.

La asistencia era obligatoria, pero tampoco es que haya sido en vano. Alrededor de una treintena de funcionarios de ambos Cuerpos armados han hecho acto de presencia esta mañana en el nuevo y flamante Centro de Orientación y Emprendimiento del SEPE, donde varios expertos se han ido pasando el testigo para exponer sus respectivas tesis, centrando el tiro, en todo momento, en la importancia de la “detección”.

Nuhaila Handaz e Irene Pascual, voluntarias de la Fundación Cruz Blanca, han abierto la lata ahondando en algunos de los “principios básicos” que ‘rigen’ el movimiento ilegal de personas. Antes de dar carpetazo a su intervención, Pascual ha mencionado que, “si todos colaboramos, podemos hacer un gran trabajo”. Y no le falta razón. Lamentablemente, en la vida, hay veces en las que teoría y práctica no van de la mano. Esta, por desgracia, es una de ellas. Muchos de los policías y guardias civiles que han concurrido al evento suscriben -abiertamente o no- este mismo planteamiento.

A juicio de los más ‘eruditos’, el problema radica en el pilar básico de nuestro sistema de derecho: la presunción de inocencia. El principio jurídico por antonomasia acaba por jugar en contra de los intereses de quienes sufren coacciones propias de la mal llamada ‘trata de blancas’. “Sucede algo muy similar a lo que está pasando con todo el ‘Caso Negreira'”, apuntaba un guardia civil. “¿Cómo demuestras que una mujer está siendo utilizada?”, lanzaba.

Y es que, sí, la legalidad vigente dificulta (y mucho) esa misma “detección” en la que tanto hincapié han hecho quienes hoy se han enfundado el mono de instructor. “Tienes que aportar muchas pruebas para que un juez dé por válido un caso de esta naturaleza”, explicaba el mismo benemérito. “Los magistrados saben que los casos son verídicos, pero, con la ley en la mano, la cosa no tiene recorrido (a no ser que se constate)”, añadía.

A las ya de por sí engorrosas trabas judiciales, hay que sumar otros dos condicionantes no precisamente menores. El primero -más ‘esquivable’- lo conforman los engaños a los que son sometidas las víctimas para mantenerlas bajo yugo: chantaje, extorsiones, amenazas y hasta espiritismo. “Muchas de estas mujeres vienen de países en los que los rituales religiosos están a la orden del día; las mafias se aprovechan de eso”, revelaba un efectivo del CNP. “¿Qué haces para sacarlas de ahí?”, preguntaba.

La otra gran dificultad -imposible de sortear- radica en el hecho de que, en muchas ocasiones, los casos de trata son ‘teledirigidos’ desde otros países; la mayoría de ellos, de África y Europa del Este. “Ahí es cuando ya sí que no podemos hacer nada”, concluía este último agente de la Policía.

Fuente: ceutaldia.com