La persecución de la trata con fines de explotación sexual y la identificación de sus víctimas siempre ha sido una tarea difícil, pero en los últimos años se ha vuelto aún más compleja. El cambio de perfil de las mujeres víctimas y los nuevos escenarios en los que se produce esa explotación, más privados o en internet, dificultan las labores de investigación en España. La Fiscalía General del Estado (FGE) advierte sobre ello en su última memoria anual, en la que habla de un desplazamiento de la explotación sexual hacia internet y redes sociales tras el cierre de clubes de alternes y locales públicos.

Este delito sigue siendo la modalidad predominante de la trata de seres humanos, aunque los métodos de captación y explotación han evolucionado. En total, en 2024 se incoaron 181 procedimientos judiciales por trata, de los cuales el 73% correspondían a explotación sexual, una proporción considerablemente superior a los otros tipos de trata, como la laboral (22%). Con respecto a 2023, las investigaciones de este último año representaron un 27,6% menos que las investigaciones de 2023, pero la Fiscalía asegura que esa reducción no se debe a un descenso de la criminalidad, sino que más bien es consecuencia de una reducción de la visibilidad de las víctimas, que ha complicado la labor de la justicia. El control y la explotación sexual se produce, cada vez más, en ámbitos privados y digitales, escasamente regulados, en los que impera la ley de la selva y complica las investigaciones policiales y judiciales.

En consecuencia, descendieron también las víctimas identificadas: 416 frente a las 542 de 2023, lo que supone un 23% menos. El Ministerio Público ofrece en su último informe una radiografía de la trata sexual, y señala que, aunque el perfil de las víctimas sigue siendo mayoritariamente femenino (el 98,7%), sí que se ha producido un cambio en el origen de estas mujeres. La mayoría, entre el 70 y el 80%, proceden ahora de Latinoamérica, con un incremento significativo de las víctimas colombianas, que en solo un año han aumentado casi un 30%: de las 173 identificadas en 2023 a las 242 que contabiliza la última memoria.

La Fiscalía asocia ese “significativo aumento” a un crecimiento paralelo del flujo migratorio y de las peticiones de asilo y protección internacional de ese país. Por el contrario, han descendido considerablemente las víctimas de Rumanía (de 23 a 7) y no se han identificado, por ahora, mujeres ucranianas, aunque el informe señala que todavía hay investigaciones abiertas que podrían añadir datos a esta nacionalidad. “La evolución en cuanto a las nacionalidades sigue siendo clara: la preponderancia de víctimas nigerianas y rumanas hace unos años, pese a que siguen presentes, ha dado paso a una apabullante mayoría de mujeres latinoamericanas“, incide el informe.

Fuentes de la Unidad de Trata y Extranjería de la Fiscalía General del Estado explican a 20mintuos que vienen observando esta tendencia desde hace unos años y que son varias las razones que explican ese cambio en el origen de las víctimas. “En los años precedentes se han llevado a cabo numerosas investigaciones que han dado lugar a causas judiciales y a relevantes sentencias condenatorias contra miembros de organizaciones criminales dedicados a la trata de mujeres rumanas y nigerianas, y entendemos que esto ha producido un efecto disuasorio”, detallan a este periódico.

Aunque hay, también, otros factores que ya vienen detectando en informes anteriores y que, como apunta esta última memoria, estarían asociados a un creciente flujo migratorio y de solicitantes de asilo de personas procedentes de América Latina, “muchas de ellas vulnerables y potenciales víctimas para los tratantes”. Una tendencia que, además, viene potenciada por la inestable coyuntura socioeconómica y política de esos países de origen, que facilita la captación de las personas más vulnerables mediante “falsas ofertas o expectativas”.

De los prostíbulos a pisos clandestinos e internet

Otra de las barreras en esa labor de investigación es un fenómeno del que se viene advirtiendo desde hace cinco años: la expansión de la trata sexual a pisos clandestinos y al mundo digital. En la Unidad de Trata de la FGE cuentan a este periódico que llevan constatando esta situación en los atestados policiales y procedimientos judiciales, sobre todo, desde la pandemia. “El cierre de los locales de alterne abiertos al público dio lugar a que las mujeres fueran trasladadas a pisos, chalets y casas particulares donde continuaron siendo explotadas”, apuntan. Un hecho que, añaden, se ha “perpetuado” posteriormente, “ya que para los tratantes resulta una ventaja actuar en ámbitos privados y clandestinos”, donde la actuación del as Fuerzas de Seguridad y de las ONG es más difícil, “al estar amparados en el derecho a la inviolabilidad del domicilio y la intimidad”.

Sobre este asunto se intentó regular hace poco, mediante una proposición de ley que presentó el PSOE, pero que no recibió los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para que saliese adelante. La norma proponía recuperar la llamada “tercería locativa” para incluirla en el Código Penal, lo que supondría poder castigar, no solo a los proxenetas, que es el único reproche penal actual en España, sino también a cualquier persona que ceda un inmueble o un local con ánimo de lucro para facilitar la prostitución ajena. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya ha anunciado que volverá a intentarlo, introduciendo esta medida en la ley “abolicionista” que prepara su departamento y que espera que empiece a dar sus primeros pasos este otoño.

¿El otro escollo? Internet. Como ya se ha visto en otros ámbitos, la falta de regulación en el ámbito digital perpetúa la impunidad de inumerables crímenes. Este fue también uno de los pilares centrales del III Congreso Internacional de Trata de Seres Humanos, celebrado el pasado jueves en Madrid, y en el cual diversos especialistas urgieron a abordar este tipo de delitos teniendo en cuenta que internet facilita el acceso de los puteros al cuerpo de las mujeres, abocándolas a una mayor desprotección y vulnerabilidad.

En su memoria, el Ministerio Fiscal constata que las redes sociales y las plataformas online se han convertido en herramientas “clave” para la captación y explotación sexual de víctimas. “La pornografía en línea y el cibersexo presentan nuevos desafíos para la detección y persecución de estos delitos”, subraya el documento. Tal y como advierte, en las investigaciones de 2024 es una “constante” el uso de alguna red social o webs de anuncios para contactar con las víctimas. El uso de internet, especifica, no se limita al reclutamiento, sino que es también un arma de coacción, ya que, en “la práctica totalidad de los casos”, se emplea para el anuncio de los servicios de las mujeres, con imágenes sexuales e íntimas, cuya difusión puede ser utilizada como amenaza o chantaje para presionarlas.

“Los tratantes están adaptando su modus operandi al ciberespacio, aprovechando las plataformas digitales y la tecnología para anunciar, reclutar y explotar a posibles víctimas, haciendo de este método una amenaza emergente, especialmente para las personas jóvenes, por ser las más expuestas a estos métodos en el espacio digital”, advierte la Fiscalía a 20mintuos. Un riesgo que se dispara especialmente entre los menores de edad, mucho más activos en redes sociales. “En muchos supuestos, las personas menores de edad no son detectadas, porque no denuncian, o lo hacen una vez que ya han adquirido la mayoría de edad”, inciden.

Ante esta realidad “emergente” que permite que víctimas y consumidores de prostitución estén en distintos lugares y países, la Fiscalía pide “replantearnos conceptos como el traslado y la transnacionalidad”, subraya la necesidad “incentivar la cooperación judicial internacional” y exige que, “a nivel interno”, haya una mejor “coordinación entre los fiscales especialistas de trata de personas y extranjería y los de criminalidad informática”. LaFiscalía insiste también en la necesaria colaboración con las plataformas digitales para poder identificar y retirar los contenidos relacionados con la trata sexual.

“A nuestro juicio, el cambio normativo más necesario para poder combatir esta situación sería una regulación adecuada de los delitos finales, y que los trabajos forzosos, la esclavitud y la servidumbre se tipificasen como delitos, ya que no lo son en nuestro actual sistema penal”, señalan fuentes del Ministerio Público a este periódico. Precisan, de igual modo, una “legislación abolicionista” de la prostitución, “que sancione penalmente toda forma de proxenetismo bajo la premisa de la irrelevancia del consentimiento de víctima”.

“La dificultad no solo estriba en que esta actividad se desarrolle en ámbitos privados, sino que hay una situación de “alegalidad” en todos aquellos casos en que la prostitución se ejerce de forma “aparentemente” voluntaria. Si toda forma de obtención de un beneficio económico a costa de la prostitución ajena fuese delito, las fuerzas de seguridad podrían actuar también en estos supuestos”, zanjan.

Fuente: 20minutos.es