La Red Española Contra la Trata de Personas pide tramitar con urgencia un anteproyecto de ley antes de que acabe el mes de mayo. «Solo se trata de voluntad política. ¿A qué espera el Gobierno para hacerlo?», interpela

«Estamos ante una oportunidad histórica para garantizar de manera integral la protección de las víctimas de trata y explotación de seres humanos en todas sus formas», ha afirmado esta semana la Red Española Contra la Trata de Personas, que agrupa a realidades de Iglesia como Cáritas, Villa Teresita o Proyecto Esperanza.

La RECTP destaca en su comunicado que según los últimos datos del Ministerio del Interior, tan solo 129 personas fueron identificadas como víctimas de trata con fines de explotación sexual el año pasado en España, de las más de 6.600 personas detectadas en situación de riesgo por trata de seres humanos y explotación sexual.

Según las instituciones, «estos datos no reflejan la dimensión real de esta grave violación de derechos humanos», porque según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), «por cada víctima de trata identificada, existen 20 más sin identificar».

Por todo ello, la RECPT considera que a pocos meses de que finalice la legislatura, «parece que hay absoluta falta de voluntad política» por parte del Gobierno para adoptar un plan integral que aborde todas las formas de trata y mejore los procedimientos de identificación y asistencia a las víctimas, tal como pidió ya a las autoridades españolas en 2018 el Consejo de Europa.

De ahí que solicite al Gobierno antes de que finalice el mes de mayo la aprobación de un anteproyecto de ley sobre esta materia «que proteja los derechos de todas las víctimas». Ya en el mes de diciembre, la organización presentó sus aportaciones al anteproyecto y se dirigió a los ministerios competentes para trasladarles sus recomendaciones. «Desde entonces han pasado ya cinco meses y seguimos esperando su aprobación», lamenta.

«Estamos en un momento crítico a nivel político con elecciones autonómicas y municipales muy próximas y con España ostentando la Presidencia de la UE a partir del 1 de julio de 2023», afirma la RECPT. Por ello, el Gobierno «no debe dejar pasar esta oportunidad para que la ley se pueda tramitar de forma urgente en el Parlamento y se apruebe antes de que se produzca la disolución de las Cortes Generales en el último trimestre del año».

De no hacerse, España «habrá incumplido con su compromiso con las víctimas de trata de seres humanos y también con sus obligaciones internacionales. Solo se trata de voluntad política. ¿A qué espera el Gobierno para hacerlo?», acaba preguntándose la RECPT.

 

Fuente: alfayomega.es