El litigio estratégico es una de las herramientas “más eficaces que tiene la sociedad civil” a la hora de introducir modificaciones en la normativa o en políticas públicas que permitan mejorar el acceso de las personas en situación de vulnerabilidad a los Derechos Humanos. Lo dice Cáritas que lleva años trabajando en esta línea. En conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Sonia Olea, experta en Derechos Humanos y miembro del Equipo de Incidencia Política de Cáritas Española, sitúa a España como el país europeo que más está haciendo en este terreno tanto en temas de vivienda, como de niños y adolescentes, personas con discapacidad, derechos de la mujer o migrantes. La herramienta jurídica, dice, “no tiene muchos años pero crece fuerte y con buen lustre en España”.

“Cuando hablamos de litigio estratégico, que es una palabra como muy complicada, nos estamos refiriendo a una herramienta que podemos utilizar fundamentalmente las entidades sociales, pero también las personas que están viendo vulnerados sus derechos. Utilizamos esa herramienta para intentar evitar que se siga produciendo esa situación de vulneración. Es una herramienta jurídica“, explica Olea que, con su equipo, lleva ya nueve años trabajando en la misma dirección.

“Con el tema de vulneraciones de derechos, las entidades sociales como Cáritas, que tenemos un equipo de incidencia política y jurídico, tenemos varios caminos”, añade la jurista. En la incidencia política, “lo que tratas es que se modifiquen leyes o políticas públicas y haces todo un trabajo enfocado, por ejemplo, a desarrollar un proyecto de ley o un plan o estrategia, y luego hay un trabajo en los tribunales relacionado con el propio litigio“.

Prestaciones sociales

Sonia Olea abunda: “Hay múltiples litigios, porque hay múltiples vulneraciones relacionadas con el derecho al agua, a la vivienda, a las prestaciones sociales, de todo tipo. Pero hay litigios que se llaman estratégicos porque la consecución que tú logres, ya sea en un tribunal español o yendo al Europeo de Derechos Humanos, o al Consejo de Europa, o Naciones Unidas, todo eso tiene repercusiones en condenas al Estado español o en modificación de leyes o políticas públicas”.

Precisa nuevamente que se trata de un litigio, es decir, hay que acudir a los tribunales, pero “es estratégico porque la posible sentencia o las posibles fases del proceso -medidas cautelares, suspensiones, etc.- van a beneficiar a muchos casos, no sólo a uno particular“.

Reclamaciones colectivas

No hay cifras de cuántos litigios estratégicos se han hecho en España, añade la abogada de Cáritas. De hecho, aunque España destaca en este terreno -cita por ejemplo los despachos de abogados especializados en derechos humanos que antes no existían en nuestro país- ya hay varias reclamaciones colectivas que se han presentado. “El litigio estratégico siempre se dirige contra el Estado, porque lo que buscas es una sentencia que modifique situaciones y eso sólo puede venir desde las políticas públicas y la modificación de leyes. En España, el nivel que hay de preparación y formación en litigio estratégico es muy alto”, asegura.

Uno de los casos más sonados llevados a los tribunales por la organización fue el de la protección de los derechos de los menores extranjeros. Una sentencia del Tribunal Supremo reconoció en abril del año pasado que la exigencia de visado a los menores extranjeros carece de cobertura legal y constituye un trato discriminatorio.

Este caso concreto afectó a menores procedentes de Nador (Marruecos) para hacer efectivo su empadronamiento en Melilla. En este caso, Cáritas enfrentaba una decisión anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avalaba las instrucciones para la gestión del padrón municipal de la ciudad autónoma. El alto tribunal estableció en este caso la prevalencia de normas prioritarias, como son la Convención de Derechos del Niño y la Ley Orgánica de Protección de Jurídica del Menor.

Desahucio en Huelva

En una reciente jornada sobre litigio estratégico en la que participó Olea, se mencionó un caso conocido: el desalojo administrativo de una mujer en Huelva. A través de este litigio estratégico, Cáritas ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordene medidas cautelares para evitar el desahucio mientras la administración no encuentre un alojamiento alternativo.

Olea desarrolla este ejemplo: normalmente estas situaciones no las descubren los juristas, sino que son las personas, el voluntariado que está en el territorio, quienes se dan cuenta o detectan esa vulneración del derecho, que algo está pasando y “obviamente se ponen en contacto con los espacios que tienen las Cáritas diocesanas y las Cáritas diocesanas con los Servicios Generales de Cáritas Española para entrar a valorar este llamado litigio estratégico“.

En este caso, por ejemplo, el último que han tenido, era “una situación de mucha vulnerabilidad: el de una mujer en la Cáritas diocesana de Huelva, que se encuentra con una nota sin sello, sin fecha, sin número de expediente ni nada, diciéndole que tiene un mes para irse. El lugar donde vive es una chabola, es una infravivienda, con ninguna condición, pero es su hogar y ella lo vive como como su hogar”.

En ese momento, abunda Sonia Olea, “nos planteamos que hay un objetivo muy concreto y es que esa persona tenga acceso a una vivienda digna y que no sea desahuciada sin tener un alojamiento alternativo. Pero nos planteamos algo más y ahí viene el por qué es un litigio estratégico. Nos planteamos que los tribunales en España tienen muchas dificultades para aplicar los tratados de Derechos Humanos que nuestro Estado tiene firmados”.

Entonces, explica “aunque es muy complejo jurídicamente y a veces es complicado de entender, la estrategia de este caso ha sido que los tribunales, tanto el Tribunal Contencioso Administrativo de Huelva como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, interpreten que cuando se produce un desahucio se está lesionando el derecho a la vida de la persona“.

Las razones: apunta a estudios de entidades sociales que acompañan el sinhogarismo en situación de calle que desde hace muchos años señalan que las personas que viven en la calle, viven casi 30 años menos de media que la persona que lo hace en un hogar.

Fuente: epe.es